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Señalaron que el 36% del suelo argentino sufre procesos de erosión

6 octubre, 2019

Este porcentaje representa alrededor de 100 millones de hectáreas en el país, distribuidas en áreas agrícolas de la región húmeda y subhúmeda y, también, en la zona semiárida y árida con bosques nativos y pastizales. Desde el Instituto, brindaron recomendaciones para minimizar el deterioro.

En el último cuarto de siglo, los procesos de erosión hídrica y eólica avanzaron hasta ocupar un 36 % del territorio nacional, lo que representan 100 millones de hectáreas, distribuidas en áreas agrícolas de la región húmeda y subhúmeda y, también, en la zona semiárida y árida con bosques nativos y pastizales. El dato surge del Manual de buenas prácticas de manejo y conservación del suelo y del agua en áreas de secano, presentado recientemente por el INTA y el Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA) de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC).

Asimismo, el dato cobra mayor relevancia si se lo pone en contexto: solo un 11 % de la superficie del planeta corresponde a suelos con potencial agrícola. Estimaciones de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés) plantean que, en los próximos 20 años, más del 80 % de la expansión de la superficie cultivada se producirá en América Latina y África subsahariana.

“En los próximos años, uno de los desafíos más significativos que afrontará la humanidad es el deterioro de los recursos naturales y, principalmente, el de los suelos cultivados”, vaticinó Roberto Casas, especialista en manejo de los suelos y uno de los editores del libro.

“Estamos perdiendo no solo aquellos suelos que son la base de la producción agropecuaria del país, sino que descuidamos los servicios ecosistémicos que nos prestan”, alertó Casas para quien es importante entender que se trata de un recurso que puede tardar hasta 1.000 años en recuperarse.

El riesgo de que un incremento de la agricultura genere mayor erosión o degradación de suelos es real. “Sabemos que, a partir de 1970, los suelos de la región Pampeana sufrieron una extraordinaria transformación debido a la actividad agrícola”, señaló Casas y agregó que “la adopción de tecnología moderna, sumado al desarrollo de nuevas formas de producción, aceleraron los procesos de degradación”.

La transición de un sistema de agricultura con labranza convencional a uno con siembra directa permitió la mejora considerable de los rendimientos y, además, de los niveles de materia orgánica del suelo.

Sin embargo, en los últimos años se ha producido una simplificación extrema de los sistemas productivos pampeanos y extrapampeanos, con un paulatino reemplazo de las rotaciones tradicionales por el monocultivo. “Esta tendencia a la realización de un solo cultivo tuvo un impacto desfavorable sobre las funciones del suelo y la sustentabilidad del agroecosistema”, aseguró Casas.

De acuerdo con el especialista, la rotación promedio para la región pampeana se componía de, al menos, tres años de soja de primera, un año de doble cultivo trigo (u otro cereal de invierno), soja y recién al quinto año podía incluir maíz o sorgo. “En los últimos años, el esquema cambió hacia uno con mayor participación de gramíneas en una rotación de tres años: trigo-soja, maíz y soja de primera”, explicó.

En este sentido, Casas resaltó el protagonismo que están cobrando los cultivos de cobertura en las rotaciones agrícolas, “se sumaron 338.200 hectáreas a escala nacional de cultivos que protegen el suelo y brindan servicios ecosistémicos”.

El territorio argentino alberga una delicada diversidad de tierras. Por esto, el problema de la erosión no es solo por las pendientes de los suelos, sino por las lluvias: las mayores intensidades (es decir, la cantidad de agua caída en un lapso determinado) y frecuencias marcan la diferencia y pueden hacer que el problema cambie de categoría –leve, moderado o severo–.

“Determinar el riesgo de erosión es fundamental para la conservación de los recursos, sobre todo porque la pérdida de unos pocos centímetros de suelo puede impactar de manera irreversible en el potencial productivo de los cultivos”, destacó Casas.

En ese contexto, la fórmula para una producción más sustentable es una agricultura que proteja y aproveche mejor los recursos. “La sistematización de los lotes con terrazas es una estrategia sustentable y está comprobado que reduce hasta un 90% la erosión”, señaló Casas y agregó: “Se estima que la superficie sistematizada con terrazas para control de erosión es de 940.000 hectáreas, mientras que 265.000 están protegidas por sistemas de cultivo en contorno”.

Para Casas, la presión que se ejerce sobre el suelo está llegando a límites críticos y, lejos de revertirse, tenderá a agravarse. Por esto, junto con 208 referentes y especialistas en conservación del suelo y del agua en las distintas regiones y sistemas productivos del país compilaron en un libro las prácticas más importantes para evitar el avance del deterioro.

“Esto pone en evidencia que existen tecnologías probadas en cada una de las regiones para producir de manera sustentable”, analizó Francisco Damiano, especialista del INTA y editor del libro.

“Pudimos sintetizar 214 buenas prácticas”, indicó Damiano y añadió: “En función de su distribución en el territorio y su importancia estratégica, las prácticas están agrupadas en control de erosión, siembra directa, fertilización, gestión de pastizales, sistemas silvopastoriles, manejo de áreas deprimidas y mallines, cosecha de agua y control de salinidad y sodicidad”.

En los últimos años, el riesgo de erosión aumentó considerablemente debido al incremento de lluvias extremas, la disminución de la cobertura vegetal por la simplificación de los sistemas de producción y las malas prácticas de manejo, como la siembra a favor de la pendiente. En este sentido, Casas advirtió que “la conservación del suelo constituye un deber inexcusable, ya que se trata de un recurso natural estratégico para la Nación”.

Tags: Cuidado ambientalerosiónSuelo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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