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Presentaron proyecto de ordenanza para prohibir quema de gomas en Oberá

5 octubre, 2019

Tras el escándalo generado en esta ciudad a raíz de la golpiza recibida por una vecina a manos de manifestantes, por el sólo hecho de querer apagar el fuego que habían prendido con neumáticos el pasado martes en una protesta social frente a la Municipalidad local, se presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca prohibir la quema de gomas y cualquier otro elemento en espacios públicos.

En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la autora de la iniciativa, la abogada Adriana Giménez, justificó su presentación porque ese día “cuando comenzaron a quemar las gomas frente al Municipio y frente a la Defensoría del Pueblo, me acerqué a los inspectores y les pedí si podía darse cumplimiento a la resolución (del Ministerio de Ecología) provincial que prohíbe cualquier clase de quema (a raíz de la emergencia ambiental), y me respondieron que el alcance de la normativa provincial tenía que ver exclusivamente con pastizales y zonas de monte, que nada decía respecto a las protestas sociales. Entonces me dije: hay algo que está fallando, o fallan los organismos de contralor o de aplicación de las normas o falla la legislación vigente, entonces algo hay que hacer”.

Si bien este proyecto “repite conceptos que ya están en otras ordenanzas, me parece que es el puntapié inicial para que se piense en un Código de Protección Ambiental municipal y que no se espere siempre a las leyes provinciales, que el Municipio, que tiene los mecanismos y las herramientas, genere la normativa necesaria para impedir que en el marco de las protestas sociales se realice esta clase de quemas, para proteger el ambiente y la salud de los vecinos”, remarcó Giménez.

Es que “muchas veces tenemos ordenanzas que para poder ser aplicadas necesitan de la reglamentación que debe dar el Ejecutivo, entonces este proyecto va a generar que el Concejo Deliberante de Oberá revise cuáles son las normativas que están vigentes en la materia y a partir de ahí que se informe al Ejecutivo sobre ellas y sobre aquellas que necesitan reglamentación para poder aplicarlas”.

De hecho, deslizó que desde el Deliberativo ya le aseguraron que este proyecto va a pasar a estudio de comisión y que “se va a traer de nuevo a la mesa de discusión la Ordenanza de Saneamiento Ambiental que está vigente en la ciudad y se va a revisar para ver si la cuestión de las quemas en el marco de protestas está incluida o no, así que la semana que viene seguramente habrá alguna novedad al respecto”.

 

Impulso municipal

La intención de la abogada también es que “todos aquellos municipios que no tengan una normativa al respecto, puedan tomar este proyecto, perfeccionarlo, adaptarlo a su realidad y aplicarlo. Si los 76 municipios de Misiones tienen su ordenanza de protección ambiental, vamos a avanzar realmente en esa materia, no hace falta que esperemos la sanción de una ley desde Diputados, los municipios tienen la autonomía, la facultad y la capacidad constitucional de generar la normativa necesaria para proteger su ambiente”, argumentó.

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Tags: #OberáAdriana GiménezDeliberativasGomasMunicipalesQuema
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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