El artículo 16 del proyecto de Presupuesto provincial para el año 2020, que están analizando los diputados misioneros en la Legislatura, le quita poderes para modificar y establecer alícuotas y regímenes vigentes, a la Dirección General de Rentas (DGR) y se los entrega al Ministerio de Hacienda. También le habilita a éste último, establecer “mecanismos de control, autorización y análisis de los pagos operativos y de funcionamiento de la Dirección General de Rentas”, según reza el documento al que accedió PRIMERA EDICIÓN.
Si la redacción de éste artículo no se modifica durante el debate en la Comisión de Presupuesto de Diputados, desde el 1 de enero próximo se terminan los años en que la DGR tenía “superpoderes” y manejaba su presupuesto casi sin rendir cuentas a nadie porque, además de perder la facultad de fijar tributos, le controlarán todos sus gastos.
Desde hace varios años, gracias a cambios en el Código Fiscal, a la DGR se le dio autarquía total para sus manejos y la posibilidad de contar con el 13% de todo lo que recaudaba cada año como fondo operativo, lo que representaba una caja millonaria.
La relación cambió en los últimos tiempos y, la primera señal de ello, fue un decreto del gobernador Hugo Passalacqua emitido en julio pasado, cuando ordenó a la Dirección de Rentas anular la Resolución 44/2018, que determinó la unificación de los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos en la Provincia.
Al parecer, la norma de la DGR no fue consensuada con el Ejecutivo ni con los sectores empresarios, causando fuerte malestar y complicaciones de aplicación. Por ello, el mandatario provincial la anuló.
Para evitar nuevas situaciones similares, el párrafo textual del artículo 16 del proyecto de presupuesto 2020 expresa que: “El Poder Ejecutivo puede, a través del Ministerio de Hacienda, efectuar adecuaciones en la ley XXII Nº 35 (Código Fiscal) y ley XXII Nº 25 (Ley de Alícuotas) de las alícuotas de los tributos allí establecidos, con amplias facultades para establecer o modificar a los regímenes vigentes de pagos a cuenta, percepción, retención o recaudación e información, como también mecanismos de control, autorización y análisis de los pagos operativos y de funcionamiento de la Dirección General de Rentas”. Llega al punto de que Hacienda podría no autorizarle pagos.
Endeudamiento hasta 100 millones
El artículo 35 autoriza al Poder Ejecutivo a reestructurar, reconvenir, refinanciar y renegociar las deudas y compromisos contraídos o que contraiga el Estado Provincial. Asimismo, podrá “comprar créditos públicos por hasta la suma de 100.000.000 de dólares estadounidenses” lo que equivale en la actualidad a 5.800 millones de pesos.
Este proyecto repite la posibilidad de conseguir financiamiento todos los años, en la última década, pero desde la Renovación se aclara siempre que la idea es invertir en obras de electrificación rural o de infraestructura que serán ejecutados con los municipios.
Números del presupuesto
El proyecto, con las previsiones económicas de todas las áreas de Gobierno para el año 2020, se envió a la Legislatura en la última semana del mes de julio. Desde hace tres semanas se está analizando en la Legislatura provincial.
El estimativo total alcanza a $102.973 millones, con un incremento del 25% respecto al anterior.
Aunque, seguramente, los diputados incorporarán partidas teniendo en cuenta que, posterior a su presentación, hubo una fuerte devaluación del peso que disminuyó el valor real de los montos.
La distribución contempla para Educación $29.207 millones (29%); Salud $16.705 millones (16,2%); Desarrollo Social $14.521 millones (14,1%); todo lo cual deriva en un total destinado a las áreas sociales de 58,09%, el más elevado del que se tenga registro. Al mismo tiempo, establece un presupuesto para Seguridad, de $6.863 millones (6,7%) y para Desarrollo de la Economía $17.708 millones (17,2%).
En la misma línea, se fija en 55.505 el número de cargos de la planta permanente que se detallan por agrupamiento para todos los organismos de la administración pública provincial. En 2019 fueron 52.744.
SAMSA y Grupo Z, serán beneficiados con millones
Hasta ahora no hubo grandes discusiones en el análisis del Presupuesto provincial 2020 y, de hecho, el bloque mayoritario del Frente Renovador tiene bastante controlado el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Seguramente, como en años anteriores, Misiones será la primera provincia que sancione su presupuesto para el año próximo por amplia mayoría o tal vez por unanimidad.
Pero hay algunos párrafos en el proyecto que merecen especial atención, al tener en cuenta que abren la posibilidad de girar una cantidad muy grande, y todavía indefinida, de recursos del Estado Provincial o de los ciudadanos misioneros, a un grupo de empresas que vienen siendo las más beneficiadas económicamente durante los últimos años.
Uno de estos casos es el Grupo Z, un pulpo empresarial que captó miles de millones de pesos y sucesivos “boletazos”. Otro es la empresa SAMSA que fue y será nuevamente beneficiada con tarifazos para “asegurar la prestación del servicio”.
También Energía de Misiones (EMSA), que recibe permanente financiación del Gobierno provincial como aporte para mantener su extensa, y algunas veces injustificada (sobre todo en las áreas administrativas), nómina de personal.
El artículo 12 del Presupuesto señala que el Poder Ejecutivo puede introducir modificaciones o reestructuraciones hasta un 10% del presupuesto, siempre que no altere el monto total de erogaciones. Quiere decir que puede sacar fondos de un destino y enviarlo a otro.
Teniendo en cuenta que el presupuesto total es de 100 mil millones de pesos, el 10% equivale a poder reestructurar hasta 10 mil millones de pesos.
El Grupo Z
En el caso del Grupo Z, el artículo 24 del presupuesto 2020 establece que “el Poder Ejecutivo puede ceder fiduciariamente recursos de libre disponibilidad para atender el pago de gastos que se ejecuten presupuestariamente conforme a las normas legales en vigencia y disponer de los recursos necesarios para afrontar a través de la autoridad de aplicación las actualizaciones previstas en los contratos de fideicomisos ya vigentes”.
En este punto, es importante recordar que la Provincia financia con subsidios millonarios al Grupo Z mediante fideicomisos y, con este artículo, no hace más que habilitar a que se continúe manteniendo con millones de pesos del Estado al pulpo empresarial que está lejos de mejorar la prestación a pesar de las críticas de usuarios.
El mismo decreto le permite, a la vez, “renegociar las cláusulas contractuales y los ajustes de la subvención de las concesiones que se abonan a través de los mismos”.Quiere decir que se podrán incrementar los montos de subsidios cuando lo consideren necesario.
En el mismo artículo, pero en otro párrafo, se indica que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda podrá “renegociar las cláusulas de los contratos de fideicomisos ya vigentes como así también a ceder fiduciariamente recurso de libre disponibilidad para atender el pago de los subsidios otorgados por el Poder Ejecutivo”.
Lo que hace, literalmente, es legalizar todo tipo de aportes que se autoricen por decreto en el futuro.
En el mismo artículo del proyecto de presupuesto se ratifica el decreto del Gobernador 42/19, y las resoluciones 740/18; 868/18; y 6/19 del Ministerio de Hacienda.
El caso de SAMSA
Respecto de la prestataria del servicio de agua potable y cloacas en Posadas y Garupá, en el tercer párrafo del artículo 18 del proyecto de ley se establece que “a los efectos de garantizar la prestación del servicio de agua potable y cloacas, autorizase al Ejecutivo, en las localidades que a criterio de éste considere necesario, a realizar todos los actos pertinentes con el fin de regularizar y asegurar la prestación de dicho servicio público, facultándoselo, excepcionalmente, durante la vigencia de la presente a aprobar pliegos y establecer las condiciones de contratación en el marco de la ley X Nº 19 (antes ley 3391)”. La norma mencionada se trata del “Marco Regulatorio para la prestación de los servicios de agua potable y cloacas de la provincia”. A la vez ratifica el decreto 137/19 pero no menciona de qué se trata.
Justamente, hace pocos días, el titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) de Misiones, José Guccione, autorizó una suba de 35% en la tarifa de agua potable a la empresa SAMSA, con lo cual llegó a subir el 70% en el año, teniendo en cuenta que en julio había decretado otro incremento de igual porcentaje. Cuando el proyecto dice que el Ejecutivo puede “realizar todos los actos pertinentes” hace referencia, justamente a este tipo de decretos o resoluciones del EPRAC.
Aportes a Energía de Misiones
La empresa eléctrica provincial ha recibido en los últimos años miles de millones de pesos como aportes de capital para financiar su déficit, teniendo en cuenta que no puede cubrir sus gastos con lo que recauda, principalmente por gastos de personal.
Por esta razón, el artículo 23 del Presupuesto dispone que “los aportes de capital que se asignan en el presente ejercicio financiero a la empresa Energía de Misiones Sociedad Anónima sólo se aplicarán a la atención de pasivos originados por la compra de energía y la ejecución de obras de
infraestructura relacionadas a la actividad energética fijadas por el Poder Ejecutivo”.
En el párrafo anterior se faculta al Poder Ejecutivo a “otorgar garantías específicas para facilitar la financiación por parte de algún ente, sociedad o empresa del Estado o en las que el mismo tenga participación mayoritaria, siempre que su destino sea inversiones en obras de infraestructura, comunicaciones, tecnológicas, electrificación urbana o rural, energética y equipamiento eléctrico.
Los créditos que por tal motivo resultarán a favor del Estado provincial pueden ser compensados con créditos del referido ente, empresa o sociedad hasta su concurrencia”.
Este párrafo se refiere puntualmente a la posibilidad de que alguna empresa una obra como una represa o un tendido eléctrico y se cobre con lo producido por esa inversión. Esa sería la “garantía” otorgada por la Provincia.
