Una comitiva de dirigentes tabacaleros de todo el país, entre los que se encontraban dos representantes de Misiones, tuvo este jueves una serie de reuniones con funcionarios de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y diputados nacionales para reclamar que se realicen las gestiones necesarias para evitar una reducción del Fondo Especial del Tabaco (FET).
La preocupación está centrada en que dos empresas productoras, que representan el 15% del mercado nacional, consiguieron medidas cautelares de parte de dos juzgados diferentes para no tributar al fisco nacional el mínimo imponible por paquete de cigarrillo que está establecido en la ley 27.430 Consenso Fiscal del año 2007.
Gracias a estos jueces de otras provincias, las dos empresas dejaron de tributar 2.000 millones de pesos al año a la AFIP y eso representa una disminución de lo que reciben todas las provincias tabacaleras en concepto del FET. Para el caso puntual de Misiones significa una reducción anual de 500 millones de pesos.
El FET es una caja que recauda la Nación mediante un impuesto fijado a los cigarrillos y que se reparte a las provincias tabacaleras para planes de reconversión. Lo administran los Gobiernos, los gremios tabacaleros y también una parte va al bolsillo del productor.
El diputado nacional, Jorge Franco (FR), señaló que “vamos a acompañar desde el Congreso de la Nación la preocupación de los productores para que no se reduzca el dinero que llega a Misiones y a las otras provincias tabacaleras”.
Omar Olsson, presidente de la APTM (Asociación de Productores de Tabaco de Misiones), el gremio más numeroso de la provincia, dijo que “nos reunimos con AFIP y trazamos estrategias para evitar que otras empresas más grandes se sumen a estas medidas cautelares porque eso significaría una caída del 50% del FET, sería un golpe muy fuerte”.
“La AFIP nos apoyó y presentó un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la justicia determine que estas empresas deban pagar como todo el resto”, explicó Olsson.
“También estamos haciendo presión en los gobiernos provinciales y en el Congreso de la Nación para que se visualice esta realidad y el daño que puede ocasionar a nuestros productores”, agregó en declaraciones a PRIMERA EDICIÓN.
El argumento de estas empresas es que son “PyME” y por eso piden quedar exentas, pero los gremios productores temen que otras empresas más grandes sigan el mismo camino y consigan medidas similares de la justicia.
