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Denuncian desmonte en el Corredor Verde pero desde Ecología lo desmienten

7 septiembre, 2019

El Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera advirtió que se están cortando árboles y abriendo caminos en una fracción de Selva Paranaense de 400 hectáreas en la localidad de San Vicente, establecida como Categoría I (Zona Roja), que quiere decir de máxima protección, por la Ley de Ordenamiento Territorial XVI – 105 y la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.

Se trata de una propiedad ubicada en el kilómetro 1027 de la ruta nacional 14 en Fracrán, localidad de San Vicente, departamento Guaraní, en pleno Corredor Verde, donde su anterior propietario, el ambientalista Martín González, había reforestado con especies nativas, documentado la flora y fauna y gestionado plan de manejo con especialistas para asegurar la conservación del lugar.

“Hoy escucho desde mi casa, en el lote lindero, como caen los árboles que planté y como las motosierras, tractores y un cuatriciclo espantan a las aves que están en época de nidificación”, contó González, quien además integra el Frente Kaapuera.

“Cada árbol nativo que se tira representa un grave problema para todos y más aún ahora con los incendios que ocurren en la Amazonia; se suprime biodiversidad, el monte y todo el clima de la región se ve modificado con impacto directo en toda la sociedad”, reflexionó.

Sobre el desmonte fueron notificados personal del Ministerio de Ecología y de la Gendarmería Nacional.

Según explicaron desde el Frente Ambiental, un grupo de alumnos del Instituto Superior de San Pedro, donde se cursa la carrera de guardaparques, también registraron los hechos a través de fotografías y las difundieron para visibilizar y frenar la posibilidad de más desmonte.

 

Denuncia desmentida

Ante la gravedad de la denuncia, PRIMERA EDICIÓN se comunicó con el Ministerio de Ecología de la Provincia, donde el subsecretario Alan Benítez desmintió el hecho de manera categórica.

“Si estamos hablando de la reserva Yaguaroundí, el nuevo propietario Guillermo Connen renovó hace pocos días el convenio para mantener el área como reserva privada por otros 20 años, con las mismas características, derechos y obligaciones de antes”, dijo.

Explicó que “aparentemente hay una situación de enfrentamiento entre el anterior propietario, Martín González y el actual, y por eso se dan estas denuncias pero estamos en condiciones de ratificar que no hubo desmonte en la zona”.

“En esa reserva antes vivía una comunidad mbya que ya no vive ahí, pero quedaron los caminos que utilizaban, que fueron abiertos con machete.Esos caminos ahora se están abriendo de nuevo pero con machete, sin tumbar ningún árbol, es todo capuera y arbusto”, dijo Benítez.

El subsecretario de Ecología aclaró ademas que “en el perímetro de esa reserva, el 20 y 21 de agosto, a pedido de inspección, concurrió una patrulla de Control Forestal que se encontró con el señor Martín González y juntos fueron a realizar una inspección en todo el perímetro que él les indicó; pero no encontraron ningún tipo de desmonte ni actividad que haga pensar que hubo apeo ilegal”.

Recordó también que “hace dos meses había ido otra patrulla de guardaparques que ingresó a la reserva con autorización de Connen para hacer relevamiento y no hubo ninguna actividad irregular”.

“No queremos polemizar con el señor González pero tenemos que decir que no es verdad esta denuncia”, finalizó el funcionario de Ecología.

Tags: corredor verdeDenunciaDesmonteEcología
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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