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El STJ absolvió definitivamente a Ríos por el caso Silvia Andrea

23 agosto, 2019
Imagen ilustrativa

Dante “Willy” Ríos (36) fue absuelto en forma definitiva por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se hallaba en libertad -tras obtener una excarcelación extraordinaria- luego de ser sentenciado en diciembre de 2014 por el Tribunal de Oberá por “privación ilegitima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal calificado” contra la joven Silvia Andrea González, cuya muerte conmocionó a la provincia en 2001.

La resolución a la que accedió PRIMERA EDICIÓN lleva la firma de los nueve integrantes del STJ.

Con esta absolución definitiva Ríos recupera la libertad y por añadidura la acción civil contra su padre, el actual intendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos, también queda sin efecto.

 

La resolución

Sobre el expediente 27583/2015 el STJ manifestó: “Absolver a Hugo Dante Ríos en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal calificado en concurso real, a la pena de 18 años de prisión por las que fuera sometido a este proceso, debiéndose devolver la causa al origen con el fin de que se proceda a la inmediata libertad del nombrado. Hacer lugar al recurso interpuesto por el doctor Ramón Antonio Fassa, en representación del señor Juan Carlos Ríos y en consecuencia revocar la responsabilidad civil declarada en perjuicio del mismo, rechazando la demanda civil instaurada en su contra, en todas sus partes. Rechazar y desestimar el recurso de casación interpuesto por el representante legal de los actores civiles”.

Firmaron los ministros Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Roberto Rubén Uset, Cristina Leiva, Ramona Velázquez, Jorge Rojas, María Laura Niveyro, Liliana Mabel Picazo, Cristian Benítez y Froilán Zarza.

 

El caso y un extenso juicio

La crónica policial señala que el 5 de diciembre de 2014 el Tribunal Penal de Oberá condenó a Marciano Benítez (52), Hugo Dante “Willy” Ríos (31) y Fabiana Cantero (32) por el secuestro, violación y asesinato de la adolescente Silvia Andrea (15), perpetrado en 2001.

La mujer recuperó la libertad de inmediato, ya que cumplió la pena durante la instrucción (3 años).

En ese mismo fallo, los magistrados también decidieron darle el beneficio de la duda a Ríos por el delito de homicidio. No obstante fue condenado a 18 años de prisión al ser encontrado autor del secuestro y la violación de la menor. El caso ocurrió el jueves 11 de octubre de 2001 en Campo Viera, con la desaparición de Silvia Andrea. La menor había salido de la escuela en dirección a una radio local para participar en un concurso de belleza. Esa fue la última vez que fue vista con vida.

En 2014 la Justicia determinó que Cantero “entregó” a la adolescente a Benítez en un bar.

Allí, afirmó la condena, habría sido drogada y/o alcoholizada, tras lo cual fue trasladada a distintos escondites y finalmente a la vivienda donde habitaba el condenado a prisión perpetua (Marciano Benítez). En ese penoso camino fue violada varias veces, según se conoció del fallo judicial.

 

Protestarán la resolución

El abogado representante de la familia de Silvia Andrea, Claudio Quevedo, adelantó anoche que “se presentará un recurso extraordinario ante la determinación del STJ, teniendo en cuenta que reclamamos una debida reparación por parte del Estado por lo sucedido. Vamos a continuar hasta que tengamos una respuesta respecto a la responsabilidad que le cabe al Estado. Incluso iremos ante la Corte Suprema y, de agotarse las instancias nacionales, se recurrirá al sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos. Esta es una larga lucha que lleva casi veinte años“.

Cabe consignar que la resolución  también revocó uno de los delitos por los cuales fue condenado uno de los imputados.
Se trata de Marciano Benítez, a quien se le dejó sin efecto el delito de abuso sexual. Sin embargo se confirmó la sentencia que lo halló penalmente responsable por secuestro y asesinato de la joven de Campo Viera.

En ese sentido dice “hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de Marciano Benítez revocando parcialmente la calificación legal endilgada en cuanto le atribuye el delito de abuso sexual calificado”.

“Y confirmar parcialmente -agrega- la sentencia en cuanto a la condena a Marciano Benítez a la pena de prisión perpetua como autor responsable de los delitos de privación ilegitima de la libertad y homicidio calificado”.

Tags: #JudicialesSilvia AndreaWilly Ríos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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