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Pidieron perpetua por el crimen de Irigoyen

1 agosto, 2019

Ya se cumplieron todos los pasos previos y ahora sólo falta saber la sentencia que tiene a un joven de 29 años acusado por el crimen de Juan Rodríguez Almeida (84). Ayer fue el turno de los alegatos y hubo pedido de condenas y absolución ante el Tribunal Penal 1 de Eldorado.

Rodrigo Torres Muruat, el abogado defensor, argumentó ante los jueces que no estaba probado de ninguna forma que su defendido hubiera sido el que asesinó al hombre.

Para ello, se basó en uno de los informes de autopsia, en el que según expresó, quedaba claro que la víctima había muerto carbonizada a causa del incendio. Se diferenció de lo dicho oportunamente por la fiscal Bibiana Alderice, quien sostuvo que Rodríguez Almeida murió apuñalado y después el agresor incendió la casa.

Al respecto, Torres Muruat expresó que no quedó probado que el acusado además le robó a la víctima una motosierra y una escopeta. Para sostener esto se basó en testimonios que oportunamente en la etapa de Instrucción indicaron que la herramienta era nueva y que no se pudo probar que hubiera estado en la casa momentos antes del incendio.

Trajo a colación que además, la motosierra no fue encontrada en el depósito judicial, hecho que impidió que los testigos la reconocieran en el debate como perteneciente a Rodríguez Almeida. Por otra parte citó la escopeta que apareció en poder de un familiar del acusado.

Sobre esto sostuvo que ya se la habían robado un año antes que muriera Rodríguez Almeida.

Acerca de estos dos elementos de prueba, en la segunda jornada de audiencia ya había pedido la nulidad, dado que la defensa no había sido notificada en la Instrucción.

Respecto a que testigos lo habían ubicado aquel 10 de diciembre de 2015 junto a la víctima, el abogado dijo que el acusado mismo reconoció que había estado con tomando mate con él, justamente porque eran vecinos y se conocían desde hace años. “También quedó probado que ya había sido robado en otras oportunidades” y que era una persona pacífica, de manera que como argumentó la fiscal, no era necesario matarlo para robarle algún elemento, dijo Torres Muruat.

Por todas estas cuestiones fue que el letrado solicitó la absolución del acusado, al entender que no había elementos para una condena.

Por tal motivo pidió la absolución y en su defecto se le aplique el beneficio de la duda. Por su parte, Bibiana Alderice, la representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo en su alegato que más allá de que la motosierra no había sido encontrada en el depósito judicial, esto no era impedimento a la hora de sopesar que ésta hubiera sido reconocida o no en el juicio como el elemento robado a la víctima, porque esto ya había sido constatado en la Instrucción. La fiscal entendió que las otras pruebas recabadas eran suficientes para solicitar la prisión perpetua contra el acusado, por el delito de “homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de arma blanca e incendio en concurso real”.

Los magistrados Atilio León, Lyda Gallardo (presidenta) y María Teresa Ramos, llamaron a un cuarto intermedio para el martes 13 de agosto. Ese día le darán la posibilidad de la última palabra al acusado y después deliberarán la sentencia.

Tags: CrimenEldoradoIrigoyenSentenciaTribunal Penal 1
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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