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Rotundo rechazo de tabacaleros al informe de la OCDE sobre el FET

11 julio, 2019
SECTOR. Los tabacaleros advirtieron que el FET es de vital importancia para los productores, ya que es un ingreso más para el sustento familiar.

“El Fondo Especial del Tabaco (FET) debe reformarse”, sentenció un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esa conclusión no cayó nada bien entre los productores de Misiones, quienes sostuvieron que deben “estar alerta ante cualquier avance de las autoridades nacionales para reformular el aporte”.

Los tabacaleros de la tierra colorada mencionaron que no se debe dar tanta importancia a una organización que no conoce la realidad agraria de este país. No obstante, remarcaron que sí hay que mantenerse “atento” porque alguna modificación afectaría a un sector muy grande que vive del producto.

El informe de la OCDE fue publicado de forma exclusiva por PRIMERA EDICIÓN y tuvo una importante repercusión en toda la provincia.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno nacional pretende que la Argentina se incorpore a la OCDE, con la intención de atraer inversiones. Allí radica la importancia de un informe de esta organización.

El subsecretario de Tabaco de la provincia, Carlos Pereira, salió al cruce de las observaciones y señaló que la OCDE ignora la realidad del sector de Misiones. “No sabe que el FET destina por un 20% para la reconversión, y esto, además, le permite tener obra social al productor misionero”, aseguró el funcionario provincial. En declaraciones a radio Estación Azul, Pereira remarcó que gracias a estos retornos “se pudieron concretar grandes emprendimientos como la COFRA; la Cooperativa Citrícola de Alem, así como fábricas de alimentos en 25 de Mayo y San Vicente”.

También recordó que “el impuesto por cada venta de cigarrillos permite, además de obras y acciones de reconversión productiva, mejorar el precio que perciben los productores tabacaleros, especialmente los minifundistas misioneros, cuya actividad no sería rentable de no contar con el FET”.

Por su parte, el titular de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), Héctor Bárbaro expresó que “el 20% de la recaudación del FET se invierte en las chacras, en diversificación y en el mejoramiento de la calidad de vida del productor. Así que creo que el cuestionamiento no tiene que ver con esa inversión porque se hace justo lo que están reclamando”.

En tanto, agregó: “Si lo que plantea el organismo es la modificación del destino del 80% que compone el precio, estarían propiciando la modificación de la Ley 19.800 que es nacional”. “Las provincias tabacaleras nunca permitimos que se toque dicha ley porque es un logro de los propios productores. No creo que el Congreso trate una modificación así y si quisieran avanzar, será tarea de los diputados nacionales y senadores poner un freno”, aseguró Bárbaro.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson indicó a este Diario que “tenemos que pensar en defender al productor, más aún en los más pequeños. El FET es muy claro y es una parte del precio del producto que surge de un impuesto, que al Estado no le cuesta nada y que no es un subisidio”. “Me parece que hay una intromisión a las políticas agrarias de los países, no deberíamos entrar en este terreno. Hay que buscar los mayores beneficios para los pequeños productores”, advirtió.

Ante la consulta de si hay un temor por la repercusión que pueda tener en las autoridades nacionales, Olsson admitió que “todo es posible, pero para defendernos están los legisladores nacionales ante la posibilidad de alguna norma que afecte al producto. Es un tema para ocuparse y no preocuparse, pero hoy tenemos una ley con siete provincias involucradas en los recursos, incluso cada uno cuenta con sus programas para fortalecer a los tabacaleros”.

Por último, el presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones (CTM), Gustavo Piñeiro dijo que “las familias tabacaleras dependen muchísimo del FET para poder subsistir. En la actualidad, ese aporte es casi el 50% de los ingresos a los productores y aparte se deben sumar los programas”. Remarcó que el sector tabacalero ha sido muy atacado en los últimos años y, por eso, pidió estar alerta ante estos embates.

 

El informe

Las observaciones de la OCDE están contenidas en el documento “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019”, disponible en el sitio web del organismo y como lo publicó ayer este Diario, señaló que “el FET proporciona un ingreso adicional a los productores de tabaco ubicados en las provincias del norte de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca”. Y remarcó los productores de estas jurisdicciones enfrentan “dificultades económicas y sociales”.

Por eso, la OCDE recomendó que “el Fondo Especial para el Tabaco, con un presupuesto similar al del INTA, debe reformarse. Los pagos de producción a los productores de tabaco deben ser eliminados y los recursos deben utilizarse para financiar un programa para el desarrollo de áreas pobres productoras de tabaco mediante la inversión en capital humano y físico. La reforma debe incluir un sistema de monitoreo y evaluación de todas las iniciativas implementadas por las provincias”.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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