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Condenaron a los explotadores de dos posadeñas en San Nicolás

10 julio, 2019

La Justicia Federal rosarina condenó a cuatro integrantes de una familia a penas de entre 4 y 9 años de prisión como coautores de la captación, bajo el ardid de conseguirle un trabajo, de una ciudadana paraguaya radicada en Posadas para su explotación sexual en un burdel de la ciudad bonaerense de San Nicolás.

El prostíbulo en el que la mujer era sometida está ubicado a diez cuadras del Santuario a la Virgen del Rosario de San Nicolás. La víctima declaró desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas por teleconferencia y reafirmó su denuncia, que desde que cayó en manos de los condenados fue privada de su libertad y obligada a realizar “entre 20 o 25 pases por noches de más trabajo”.

El Tribunal Oral Federal 3 de Rosario, conformado de manera unipersonal por el juez Mario Jorge Gambacorta, condenó el viernes 5 de julio a los cuatro encartados al considerarlos responsables del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado” y, a su vez, dispuso el decomiso del dinero secuestrado en el allanamiento, que será otorgado a la víctima en carácter de resarcimiento económico. Por parte del Ministerio Público intervino Federico Reynares Solari, titular de la Fiscalía 3, quien en la instancia de alegatos había requerido penas superiores, de hasta doce años de prisión.

Las mayores condenas recayeron en Yolanda Amalia Martínez (nueve años y seis meses) y Mario Delgado (ocho años), quienes fueron considerados autora y partícipe necesario, respectivamente, del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad y haber participado en el hecho tres o más personas, habiéndose consumado la explotación de la víctima.

En tanto, también fueron condenados por el mismo delito Marlene Ayala (cuatro años) y Mario Martín Delgado (cuatro años), ambos en calidad de partícipes necesarios.

El veredicto postergó una decisión respecto al decomiso del inmueble de San Nicolás donde se materializó la explotación -medida requerida por la Fiscalía General- al considerar que no se encuentra acreditada hasta el momento la titularidad de dicho bien por parte de los acusados.

 

“La India”, regente

Calle América al 300, entre Olleros y Chacabuco, es considerada por los nicoleños como una cuadra “caliente”. Durante 2017, entre septiembre y noviembre, efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron un comercio dedicado al rubro bar pool ubicado en América al 365, zona instalada en el inconsciente colectivo de los lugareños como un punto donde mujeres de distintas edades ofrecen sexo por dinero. El punto puesto bajo la lupa, según consignaron medios nicoleños hace dos años, era regenteado por una mujer apodada “La India”, Yolanda Martínez.

La víctima, A.E.P.C., prestó declaración por videoconferencia desde la sala de audiencias del Tribunal Federal de Posadas de calle Félix de Azara casi Catamarca, y allí confirmó todo lo dicho en la etapa de instrucción. Relató el momento de la captación por parte de Martínez y Martín Delgado, quienes le efectuaron una oferta de trabajo en San Nicolás, el posterior traslado desde Posadas en un ómnibus abonado por los imputados y el cautiverio en el inmueble de esta última localidad, donde no se le permitía salir bajo el argumento de que “se llevaría a los clientes”.

También describió cómo los acusados se quedaban con la mitad de lo recaudado. Puso como desgarrador ejemplo la oportunidad en que estuvo internada por un problema de salud, ocasión en que Martínez le prestó dinero que luego tuvo que devolver por “no haber trabajado”. Además, ratificó que “debía realizar entre 20 y 25 pases diarios”, que la despertaban a cualquier hora en caso de que llegaran “clientes” y que le retenían el dinero en concepto de alimentos y demás gastos.

A.E.P.C. dijo que quien manejaba su dinero era Yolanda y le retenía el 50 por ciento de lo que recaudaba para pagar por su estadía. Además, Mario le “cobraba 80 pesos por la comida”.

También contó que no la dejaban circular sola bajo la excusa que se llevaría los clientes que atendía; que compartió sus días con al menos tres mujeres más, al menos una de ellas posadeña; y que si estaba durmiendo y llegaban clientes, debía levantarse y atenderlos, todo bajo la atenta mirada de Yolanda, encargada de controlar el tiempo de los “pases”.

Sostuvo que pudo viajar nuevamente a Posadas, llevada y traída por Martín Delgado y su novia, Marlene, pero los gastos le fueron descontados de sus pases. Y que decidió entablar una relación con un sobrino de Yolanda para mejorar las condiciones de privación extremas.

Aclaró que siempre que se movía fuera del radio del burdel de calle América lo hacia acompañada por Yolanda, “La India”.

En el fallo condenatorio, el juez Gambacorta resolvió que “A.E.P.C.” y “C.V.Z.”, otra de las víctimas, fueran mencionadas sólo por las iniciales de sus nombres y apellidos. También ordenó el decomiso de “82.500 pesos secuestrados en el allanamiento efectuado el viernes 1 de noviembre de 2017 al ser allanado el burdel” y que “ese dinero sea entregado a A.E.P.C., en carácter de resarcimiento económico por los padecimientos sufridos con motivo de los hechos juzgados”, tal lo requerido por el fiscal.

Tags: Buenos AiresCondenaPosadeñas explotadas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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