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Más de 20 inscriptos a la audiencia pública por tarifa de los taxis

22 junio, 2019

Más de 20 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública que se realizará el próximo lunes 24, sobre el pedido empresarial de modificar las tarifas de taxis y remises.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el concejal y titular de la Comisión de Transporte y Tránsito, Miguel Acuña confirmó que “se anotaron más de 20 personas en la inscripción que finalizó hoy (por ayer). Algunos se anotaron para ir y escuchar, otros para ser oradores. La mecánica de la audiencia será que los oradores tendrán un determinado tiempo, que se establecerá ahí en el momento, para brindar su comentario en relación al tema que nos reunirá”.

“Si bien en la audiencia pública lo único que se puede dirimir es el costo del servicio, también sirve escuchar cualquier postura o posición para dar una mano que ayude a mejorar el sector”, indicó el concejal.

Luego, “una vez que pasemos la audiencia pública, se llamará a una sesión extraordinaria de la Comisión de Transporte, trataremos de tener un dictamen, llegar a un acuerdo sobre lo que se exprese en la audiencia pública. Así esperamos que desde el recinto el próximo jueves salga una resolución sobre este tema”.

 

Pedido de los propietarios

En relación a lo que será el desarrollo de una nueva audiencia pública por el pedido de reacomodar el precio en los taxis y remises, Acuña adelantó que “el servicio de taxi en Posadas tiene varios interesados en una misma actividad. Están los propietarios, empresarios dueños de los autos; están los choferes que alquilan esos autos; también los asociados a una cooperativa o un sindicato; por otro lado los que no tienen choferes y conducen sus propios autos. Son varios los interesados en una misma actividad y cada uno tiene su propia postura respecto al tema. Por eso es importante escucharlos a todos”.

Al mismo tiempo reconoció que en esta oportunidad “son los propietarios, dueños de los autos que no conducen, los alquilan, los que hablan del costo de la verificación técnica, recarga de matafuegos o repuestos. En cambio a los que alquilan los autos no les interesa un incremento porque subiría también para ellos el costo del auto”.

“Los propietarios son los que dicen que el servicio no se puede sostener al precio actual. Hay que considerar que siempre la tarifa de taxi iba ligado al precio del combustible, pero eso hoy quedó desfasado” agregó.

 

Calidad cuestionada

El concejal Acuña también recordó que “muchos usuarios se acercaron para contar que pasaron por casos en los que los taxistas llegaron a cobrarles 42 pesos por la bajada de bandera”.

Cabe remarcar que actualmente, y hasta que se apruebe la modificación de los precios, en Posadas rige un sistema donde la bajada de bandera cuesta 30 pesos y cada cuadra 3 pesos. Esas son las tarifas que el usuario debe pagar si utiliza un taxi.

“Sería interesante tener la posibilidad de discutir sobre la calidad del servicio. Ver la posibilidad de que se brinde un servicio de mayor calidad con las aplicaciones que hoy existen. Los taxis que están habilitados en Posadas, que son cerca de 700, más los remises que llegan a 200, podrían tranquilamente trabajar desde el punto de vista normativo con las modernas tecnologías”, contempló.

Finalmente Acuña destacó: “En mi caso puede ser la última audiencia pública que presida porque la próxima revisión se haría en diciembre, posterior a la incorporación de las nuevas autoridades”.

Tags: audiencia públicaPrecio taxis
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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