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Rechazo al nombramiento de Germán Bordón como procurador en Misiones

14 mayo, 2019

La ex diputada provincial (MC) María Losada busca impedir que el dirigente radical y diputado Germán Bordón asuma como delegado en Misiones de la Procuraduría Federal de la Nación, organismo que tiene por finalidad velar por los derechos de los detenidos en cárceles federales.

Losada, en el año 2015, denunció a Bordón por discriminación y violencia de género ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y por esta razón sostiene que sería una falta de ética poner a un funcionario denunciado y con sentencia en ese cargo.

“Lo grave es que esa persona con esos antecedentes pueda adquirir lugar en un organismo que tiene a su cargo velar por los derechos humanos”, expresó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Según información extraoficial, el procurador federal de la Nación, Francisco Mugnolo, tenía todo listo para designar a Bordón como delegado en Misiones, en reemplazo del fallecido Raúl Solmoirago.

Ante esta situación, Losada y algunas organizaciones de Derechos Humanos pusieron nuevamente en agenda la denuncia que recibió Bordón y el fallo del INADI para que Mugnolo esté al tanto de lo que estaba por hacer. Esta movida habría frenado la designación.

“Solo desconociendo la situación se podría avanzar en esta designación. Es por eso que se puso en conocimiento del doctor Francisco Mugnolo la denuncia y la sentencia del INADI para que sepa que está por designar a un funcionario denunciado”, señaló Losada a este Diario.

Luego se preguntó “¿cómo puede ser que el INADI y la Procuraduría Federal de la Nación, dos organismos destinados a velar por los derechos de las personas, no tienen antecedentes ni cruzan información sobre las personas que se designan en cargos nacionales?”.

El rechazo de Losada al nombramiento de Bordón, también está acompañado por el apoyo de mujeres del Frente PAyS, de Mumala, del Movimiento Evita, del Partido Solidario y de Vanguardia Popular, y la colectiva Contra la Violencia Juntas, entre otros grupos feministas y personalidades, debido a que “tales hechos discriminatorios deben ser erradicados de la política, de las instituciones del Estado y de la sociedad”.

“Con nosotros vas a ser feliz. Vas a estar con cada uno de nosotros, uno por mes, así si quedás embarazada no tenemos problemas de paternidad”, le habría dicho Bordón a la ex diputada en una reunión de bloque en la que participaron en 2013 y que desencadenó la denuncia.

“No es solamente lo que él dijo y lo que él hizo, sino que después la consecuencia fue mi exclusión. ¿A quién sacan del medio? A quien lo denunció. La UCR nunca investigó. La vocación del partido fue ir por mi banca, nunca dijeron que yo dejé ese bloque porque pusieron a un misógino al frente”, expresó la denunciante.

“A mí me pareció muy bruto y hay gente que cree que eso es parte de la política. Tiene que ver con el machismo y con los lugares de poder, creen que pueden hacer cualquier cosa. El machismo tiene que ver en cualquier orden, y el político no está eximido. El tema es que en política ¿quién se anima a denunciar? Yo era diputada y me pasó todo esto”, concluyó Losada.

En 2015 el Inadi sentenció: “El hecho, tal como fue expresado, representa un claro ejemplo de violencia de género que constituye a su vez un acto discriminatorio, en tanto reproduce la cosificación de la mujer, un grupo históricamente vulnerado y que ha sufrido una discriminación formal e informal”.

“La denuncia es por discriminación y violencia de género, tuvo dictamen a fines del 2015 en el que configuró la conducta discriminatoria. Luego en 2016, por vinculaciones políticas, intentaron llevar a foja cero el expediente y contra eso tememos interpuesto un recurso que todavía no resuelve el Inadi”, aseguró Mario Talamontti, abogado de la ex diputada Losada.

“No cometí ningún acto violento”

Ante la posibilidad de que Germán Bordón ocupase el cargo de delegado de Misiones de la Procuraduría y los cuestionamientos de la ex diputada provincial María Losada para que no llegue al cargo, el  legislador misionero dijo en conversación con PRIMERA EDICIÓN que “todavía no hay una comunicación formal al respecto”.

En cuanto a la situación, opinó que “no sé cuáles son las acciones que ella piensa llevar adelante, pero está claro que todo aquello que yo haga, ya sea de mi vida pública o privada, evidentemente va a cuestionar siempre”.

Indicó: “Ratifico  que no cometí ningún acto violento, de ninguna especie, hacia ella. Pero hay de su parte un enfrentamiento político conmigo, un ensañamiento que no le hace bien a nadie; más allá del daño que pueda hacerme o que pretenda”.

En cuanto a la posible designación, dijo que “vengo trabajando en la Procuraduría y ante el fallecimiento de Raúl Solmoirago, que era el delegado, estaba esta posibilidad”.

En el caso de asumir al cargo de delegado, sostuvo que “lo haré con la misma responsabilidad que asumo cada obligación que tengo en mi vida y cumpliendo el rol que se debe. Ahora soy asesor y, en el caso de ser delegado, tendría que coordinar a un grupo de gente que hace muy bien su trabajo”.

Tags: Germán BordónINADIMaría LosadaPolíticaProcuraduría Federal de la Nación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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