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Laharrague envió más de $4 millones a la firma de su familia

8 mayo, 2019
EN LA MIRA. El forestal misionero habría favorecido a su familia.

El nombre del misionero Nicolás Laharrague está en boca de todos. Y no justamente por sus acciones como director de Desarrollo Forestal Industrial de la Nación, sino porque “en su primer año de gestión, en 2018, giró mediante un plan de subsidios un total de $4.018.970,20 a la empresa Puerto Laharrague, propiedad de su familia y de la que fue vicepresidente antes en el Gobierno de Mauricio Macri”.

Así lo reveló la revista Noticias de Editorial Perfil, que en el artículo: “Ambos lados del mostrador” castigó al misionero, porque habría favorecido a su familia en el envío de fondos.

La nota describió que “el mecanismo que utilizó Laharrague para enviarle más de 4 millones de pesos a sus familiares se relaciona con la Ley 25.080 de Promoción Forestal. Esta normativa, creada en 1999 y que a principios del 2009 tuvo una prórroga de diez años más, promociona la actividad maderera con el pago de subsidios -que no se devuelven- del 80% del costo de la actividad y de beneficios fiscales, que van desde la devolución del IVA hasta la reducción del pago de Impuesto a las Ganancias”.

“El equipo de investigación hizo un relevamiento para Noticias de las resoluciones de pago de la Ley de Promoción Forestal durante 2018 y la empresa Puerto Laharrague fue beneficiada en tres oportunidades hasta llegar a los $4.018.970,20. Ese mismo año, en la Secretaría de Agroindustria, se despidieron a más de 900 empleados, algunos de los cuales respondían al mismo Laharrague. Además, durante 2017 – antes que de que sea funcionario – Puerto Laharrague había recibido otros $5.149.266,29 por la misma normativa”, agregó el artículo.

Conflicto de poderes

Los periodistas de Noticias, a cargo de la nota, citaron una breve entrevista con el exCEO y funcionario nacional, oriundo de Misiones: “Ante la pregunta de sí hay un conflicto de intereses durante su gestión por el envío de una suma millonaria a su familia, Laharrague negó las acusaciones”.

“La empresa siempre tuvo una estructura familiar. Y antes de entrar a la función pública renuncié a todos mis cargos en Puerto Laharrague. Es una empresa familiar de más de cien años. Y el régimen es transparente, los que se presentan a la Ley de Promoción Forestal están inscriptos en la actividad’, se excusó”.

El periodista que habló con el funcionario nacional insistió: “Pero usted es quien dirige las partidas de dinero”.

“Quien paga -responde Laharrague- es la Tesorería General de la Nación. Yo no firmo las resoluciones, las hace el Secretario. Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley de Promoción Forestal. Después se le entrega una remesa a la Secretaría de Agroindustria para que la Tesorería pague.

Consultado sobre ¿qué función cumplía en Puerto Laharrague? Respondió: “Mi participación en la empresa era a nivel político. Ayudaba al sector y a la cámara forestal”.

“¿No existe también un conflicto de intereses? No sé que conflicto pueda haber, ¿quién del sector forestal no participa en alguna cámara? Son los mayores beneficiarios porque son los que más forestan”, contestó.

“El Gobierno dice que hay que bajar el déficit fiscal y ahorrar dinero, ¿no le hubiera parecido un buen gesto que su propia empresa no recibiera 4 millones de pesos?”, indagó la revista finalmente.

A lo que Laharrague respondió: “Puede ser… Hay que cuidar los recursos del Estado”.

Oficina Anticorrupción

En otra parte del artículo se recordó que “la incompatibilidad es tal que la encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le envió el 14 de 2018 una nota a Laharrague en la que le advierte sobre su vinculación con las empresas familiares Puerto Laharrague SA, El Moconá SA y Mirasoles SA, además de formar parte de AFOA, la única cámara empresarial del sector en el país”.

En diciembre del año pasado la Oficina emitió la resolución 34: “No se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido la disposición de la normativa de ética pública -como tampoco conflicto de intereses- ya que ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado vinculados a su cargo”.

Sin embargo, el artículo aclaró que “Alonso no alerta en la resolución que los actuales dueños de las empresas, a las que renunció Laharrague, pertenecen a su círculo familiar más cercano”.

El Directorio

Según “el Acta de Asamblea y de Directorio de Puerto Laharrague (24 de noviembre de 2017), el presidente es su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy, el vicepresidente es su hermano Pablo León, y los directores titulares son su hermana, María Helena, y Carlos Scarnichia, quien está casado con Isabel, prima del funcionario”.

“También son dueños de: ‘Moconá SA’; ‘Laharrague Chodorge SA’; y ‘Mirasoles SA’, una firma agropecuaria”, agregó el informe.

Tags: ForestalesLaharraguePolémica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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