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Piden prisión preventiva para expresidente peruano

15 abril, 2019

“Se ha dado por superada la etapa de investigación preliminar. Lo que corresponde es poner a disposición a los investigados y al juez de investigación preparatoria para que señale fecha de audiencia (de prisión preventiva)”, dijo el fiscal Hernán Mendoza dando un giro a la audiencia, que debía resolver si daba libertad a Kuczynski.

“Es una celada (emboscada) y una arbitrariedad”, replicó el abogado César Nakazaki, defensor del exmandatario (2016-2018).

La audiencia, que es transmitida por televisión, se desarrolla en presencia de Kuczynski, representantes de la fiscalía y abogados, ante el juez Juan Guillermo Piscoya, de la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia.

La fiscalía también solicitó al juez suspender la audiencia de apelación en curso que debe decidir si Kuczynski permanece bajo detención.

Tras un receso, el juez desestimó el pedido fiscal de suspender la audiencia de apelación, pero convocó para este martes a una nueva audiencia para la evaluar la prisión preventiva a Kuczynski, al margen de lo que se decida durante la apelación.

Detenido por diez días

La fiscalía no precisó el tiempo que pedirá de prisión preventiva al expresidente, pero en medios judiciales se estima que podría ser por 36 meses.

La solicitud de prisión preventiva incluye a la exsecretaria Gloria Kisic, y al exchofer José Luis Bernaola, ambos detenidos junto a Kuczynski por 10 días. La fiscalía sospecha que realizaron transacciones encubiertas a su nombre.

El ministerio público acusa a los tres detenidos por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

El expresidente fue detenido el miércoles por la policía, luego que un tribunal especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios aceptara un pedido de detención de 10 días por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.

La fiscalía pidió entonces la detención de Kuczynski y de sus dos exempleados porque tuvo acceso a nuevos documentos que probarían que habría favorecido a Odebrecht al adjudicarle obras públicas durante su gestión como ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski y Odebrecht

Kuczynski, un exitoso exbanquero de Wall Street, es investigado por pagos de Odebrecht por asesorías a dos empresas ligadas a él: First Capital y Westfield Capital.

Odebrecht reveló a fines de 2017 que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a First Capital y a Westfield Capital cuando el expresidente era ministro de economía de Toledo.

El acusado negaba hasta ese momento todo vínculo con la brasileña.

La fiscalía había pedido la detención del exmandatario arguyendo “riesgo de fuga y obstrucción a la justicia”, y éste fue interrogado el viernes pasado en la sede de la prefectura, donde está detenido.

La acusación fiscal asegura que Kuczynski favoreció a Odebrecht a través de un tramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y el proyecto de irrigación hidroenergético Olmos, en el norte de Perú.

Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó 300.000 dólares a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016, un aportante que no figura en los registros de la campaña.

Esta revelación provocó un proceso de destitución en el Congreso, que culminó con la renuncia de Kuczynski el 21 de marzo de 2018.

Cuatro expresidentes investigados por Odebrecht 

Además de Kuczynski, otros tres expresidentes encaran investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión por el megaescándalo Odebrecht. Ellso son: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

García, Humala y Kuczynski tienen prohibición de salida del país, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.

La brasileña Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que pagó 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.

En diciembre pasado, la constructora firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro expresidentes y a otros políticos y funcionarios peruanos.

Humala y su esposa Nadine estuvieron nueve meses en prisión preventiva por este caso.

Fuente: Agencia de Noticias AFP/NA

Tags: #JudicialesKuczynskiLava JatoPerú
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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