Los nueve ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones elaboraron y firmaron una nota en consenso, como pocas veces ocurre, dirigida al titular del Poder Ejecutivo provincia, con el fin de ponerlo al tanto de la “preocupación” que sienten por las “descalificaciones” de la ministra de Derechos Humanos, Lilia Mariel “Tiki” Marchesini.
En el escrito se refirieron a una causa en particular, donde hubo una orden de desalojo de un juez de Instrucción de Posadas. Sin embargo, fuentes del Palacio de Justicia aseguraron a PRIMERA EDICIÓN que “habría una situación de hostigamiento y abuso permanente y constante contra los jueces y empleados de la Justicia”. Dicen también que “maltrata a los empleados de los Juzgados y ataca a la Justicia en general a través de las redes sociales y notas periodísticas”.
Este Diario intentó conocer la opinión de la cuestionada funcionaria pero no accedió a una entrevista, alegando “problemas de salud” que le impiden hablar.
El escrito
En la nota oficial, se escribió: “Nos dirigimos al señor Gobernador manifestando nuestra preocupación ante los reiterados reclamos de la señora ministra de Derechos Humanos, Lilia Mariel Marchesini, quien ha presentado su disconformidad, mediante notas y publicaciones en redes sociales, de las cuales se hacen eco los medios periodísticos (junto al diputado provincial Martín Sereno y el defensor del Pueblo, Alberto Penayo) cuestionando el accionar judicial en la causa: Expte 121791/2018 Cantero Juan Marcelo s/denuncia de usurpación a cargo del juez Fernando Luis Verón”.
La misiva fue despachada el 25 de febrero y, hasta el momento, no había sido dada a conocer. La firmaron el presidente Froilán Zarza y los ministros: Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Ramona Beatríz Velázquez, Roberto Rubén Uset, Jorge Antonio Rojas, Cristina Irene Leiva, Rosana Pía Venchiarutti y Liliana Picazo.
“A tales efectos, ponemos en vuestro conocimiento la inobservancia de la funcionaria en los artículos 122, 123 y 141 de nuestra Constitución Provincial al descalificar nuestro proceder catalogando como ‘actos de avasallamiento por parte del Poder Judicial de la Provincia en relación a las leyes emanadas por la Cámara de Diputados’, tal como lo manifestara por nota al pleno del Superior Tribunal de Justicia en fecha 29 de diciembre del año pasado”, remarcaron los integrantes del STJ.
Por último, las autoridades del Poder Judicial expresaron: “Sin más que poner en conocimiento los hechos suscitados es deseable destacar que este honorable cuerpo brega por la independencia de Poderes del Estado como lo establece nuestra Constitución Nacional y Provincial”.
Es poco frecuente que los nueve integrantes de la Corte provincial se pongan de acuerdo en algún escrito, por la diferencia de criterios que enriquece al conjunto, pero menos frecuente es que presenten una nota al Gobernador advirtiendo por la “inobservancia” de una funcionaria de alto rango. “La situación no daba para más”, relató un funcionario con despacho sobre avenida Santa Catalina.
Lo que queda claro con esta medida es que hay una situación de tensión extrema entre la Justicia y la ministra de Derechos Humanos, seguramente abonada por las permanentes protestas de la funcionaria en cada situación donde hubo desalojos y la postura que ella toma, cada vez que hay protestas ciudadanas a favor de ocupantes o piqueteros.
“Los jueces están siendo criticados solamente por seguir al pie de la letra lo que indican las leyes”, se defendieron desde una oficina cercana a un Ministro del Superior Tribunal. “En las manifestaciones públicas, la Ministra toma postura en contra de la Justicia: se confunden derechos humanos con impunidad. Los jueces lo único que hacen es cumplir la ley”, agregó el vocero.
