A través de la resolución 164 publicada el martes pasado, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dispuso un control más estricto para acceder al retiro con 50 años de edad y 25 de aportes en el caso del personal auxiliar y complementario de la industria petrolera, que representa hasta un 80% de las plantillas.
Los cambios desataron de inmediato una catarata de pedidos de audiencia por parte de los gremios y hasta la amenaza de un paro en la Patagonia por el temor a la eventual exclusión del regimen de más de 40.000 petroleros, que en el futuro podrían ver elevada su edad jubilatoria a los 65 años.
“No es ni más ni menos que el pedido del FMI de limitar las jubilaciones para no aumentar el gasto”, advirtió a iProfesional Héctor Millar, un directivo del sindicato del petróleo y gas privado de Chubut, encabezado por Jorge Ávila, quien en las últimas salió a enfrentar en forma abierta la medida impulsada desde ANSeS en medio de las gestiones oficiales para atraer más inversiones petroleras al sur del país..
Contexto
La iniciativa firmada por Stanley surge de una propuesta de la comisión técnica sobre regímenes diferenciales creada el año pasado y que desde diciembre avanzó -tal como reveló este medio- en la recolección de información sobre las condiciones de trabajo e insalubridad de los trabajadores de más de 20 actividades.
La hipótesis del organismo en el que talla fuerte un equipo de especialistas de la ANSeS es que los avances de la ciencia y tecnología junto con las inversiones en infraestructura eliminaron en muchos casos las condiciones de insalubridad, que son las que justifican la existencia de las jubilaciones diferenciales.
Ese es uno de los argumentos centrales de la resolución por la que el personal de apoyo en el sector petrolero no enfrentaría los mismos riesgos que aquellos en boca de pozo.
Fuente: Iprofesional
