En su calidad de querellante en la causa contra Báez, la OA sostuvo ante los Tribunales de la nación caribeña que el dinero registrado en esas cuentas proviene de Suiza, donde se encontraba depositado a nombre de los hijos de Báez (Luciana, Martín, Leandro y Melina), explicaron fuentes vinculadas al caso.
Según un documento del organismo que conduce Laura Alonso, la defensa de la familia Báez pretende el levantamiento de las medidas precautorias decretadas sobre esos fondos con el argumento de que “no existe delito previo, necesario para la existencia de lavado de activos”.
Ante ello, la Oficina Anticorrupción “contestó dicho traslado recalcando que las expresiones vertidas por la defensa no se ajustan a la realidad y resultan contradictorias con constancias de la causa que tramita ante el Tribunal Oral número 2”, dijeron fuentes del organismo.
En ese sentido, agregaron que en el expediente judicial “se encuentra probada la adjudicación irregular y fraudulenta de contratos de obra pública vial en Santa Cruz a las empresas constructoras de Báez direccionados por la gestión del gobierno anterior”.
Por esa razón, se solicitó que “se insista con la cautela del dinero por tratarse del producto de una maniobra de lavados de activos provenientes de la corrupción”.
El pedido se sostuvo, además, en que se encuentran reunidas las condiciones para la acción de extinción del dominio del dinero a favor del Estado Argentino en los términos del vigente Decreto 62/2019.
La OA solicitó que se requieran los antecedentes de las presentaciones formuladas por las partes ante la autoridad judicial de Bahamas, “a efectos de establecer si existieron ocultamientos en la información remitida por los letrados de los interesados en Argentina, que pudieran constituir eventualmente actos punibles enderezados a la desaparición del dinero”.
Ante la Justicia de Bahamas, la familia Báez denunció “persecución mediática e ilegal” y doble juicio por el mismo delito, al argumentar que ya existirían otras causas en las cuales se habría determinado la inexistencia de delito.
Al respecto, la OA recalcó que “tal persecución no existe y que los implicados cuentan con todos los derechos y garantías” consagrados en Constitución Nacional y en los tratados internacionales a los cuales adhirió la Argentina.
Fuente: Agencia de Noticias NA
