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Posponen apertura de ofertas para licitar escrutinio provisorio

16 febrero, 2019
Imagen ilustrativa

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En forma paralela, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez, dijo ayer en la señal A24 que “se trata de lograr mayor transparencia” en la licitación del Correo Oficial para el escrutinio provisorio, y señaló que “antes los pliegos estaban hechos a medida de Indra”, la empresa que viene realizando las elecciones en forma monopólica desde 1997.

“Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Indra, lo que digo es que lo razonable es que haya competencia; hay varias empresas que se han presentado y veremos cuál es la que termina ganando en función de los precios”, explicó el funcionario, el máximo encargado del Gobierno en materia electoral.

Indra, empresa española, realiza los comicios desde 1997 hasta ahora, pero este año el Correo Oficial llamó a licitación con bastante antelación -antes eran semanas antes de la elección- y decidió “abrir el juego” a todas las empresas con el objetivo de “lograr más transparencia” a todo el proceso.

Una fuente oficial consultada por Télam explicó que “lo que ocurría es que había una cláusula que dejaba afuera a los competidores de Indra”, en tanto que otra fuente de una de las empresas que intentaron participar de otras licitaciones explicó a esta agencia que “incluso una página del pliego decía ‘esto es para Indra”.

La fuente oficial aclaró que “eso no quiere decir que Indra no pueda ganar de nuevo, sí significa que se deberá esforzar más con el precio”.

En diciembre pasado el, Correo Oficial había licitado un nuevo software para implementar un cambio en la transmisión de los telegramas en el escrutinio provisorio, concurso que ganó Smartmatic que, según fuentes electorales, ofreció “un tercio de lo que ofreció Indra”.

Ahora, para la licitación del 8 de marzo, debido a la decisión del Correo Oficial de buscar mayor competitividad, se estima la participación de Indra, pero también de empresas como la multinacional Smartmatic, con sede en Londres y con experiencia en los cinco continentes, y el grupo nacional MSA, con experiencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta, entre otras.

Acerca del cambio de fecha, las fuentes del Correo Oficial dijeron a Télam que “la original era el miércoles 20 de febrero, pero ahora se pasó para el 8 de marzo la presentación de las ofertas técnicas, y el 1 de ese mes vence el plazo de la consultas técnicas”.

“Lo que ocurrió -explicó la fuente de la empresa estatal- fue que las empresas hicieron muchas consultas; evidentemente, era una necesidad que había, y para darle mayor amplitud a esa etapa se decidió posponerla hasta el 8 de marzo”.

Ese día, al mediodía, en Brandsen 2070, la sede del Correo Oficial en el barrio porteño de Barracas, la empresa informará las empresas que pasarán la capacidad técnica para llevar adelante el escrutinio, tarea que llevará a cabo un comité de evaluación.

Paralelamente, el Gobierno también se apresta a poner en marcha la maquinaria electoral, dando el puntapié inicial este año con una reunión con los partidos políticos el viernes 22 de febrero, en la que los informará sobre el nuevo sistema de transmisión de las actas con los votos desde cada escuela y también analizarán el cronograma y los plazos de la ley con vistas a las PASO, el 11 de agosto, y la presidencial, el 27 de octubre.

La reunión fue convocada por el secretario Pérez, y participará también el titular de la Dirección Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand, quienes recibirán a los apoderados de los partidos nacionales.

Si bien el encuentro estaba programado, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, solicitó días atrás explicaciones por las “modificaciones en el proceso electoral” al ministro del interior, Rogelio Frigerio, y le pidió que “convoque al Consejo de Seguimiento de Procesos Electorales para poner luz sobre los cambios que el gobierno nacional está operando en el proceso electoral”.

Pérez explicó a Télam que ese paso está a cargo del Correo, “como siempre lo estuvo”, y recordó que en diciembre la empresa estatal licitó un nuevo software para realizar el escrutinio provisorio en todos los comicios nacionales de 2019.

Además, apuntó que en estas elecciones “cada una de las casi 15.000 escuelas del país contarán con un escáner y una notebook para digitalizar los telegramas directamente allí (con los votos de las mesas) y evitar ese traslado intermedio que ocasionaba severas demoras”, sistema utilizado hasta el 2015.

Pérez puso de relieve que, con el cambio, “se ganará en agilidad y en transparencia y los resultados estarán mucho antes que en anteriores elecciones”.

El nuevo software, a cargo de Smartmatic, permitirá que a las 22 de cada jornada electoral esté computado alrededor del 90 por ciento de los votos escrutados, según figura en el pliego de la licitación.

La carrera electoral propiamente dicha se largará el 30 de abril con el cierre del padrón provisorio.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #licitaciónCorreoElecciones 2019
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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