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Crisis del agua: “SAMSA siempre culpa a otros de sus deficiencias”

8 febrero, 2019
PEDIDO DE EXPLICACIONES. La empresa deberá detallar en un informe el estado actual en el que se encuentra el servicio de agua potable.

Luego de meses con cortes en el suministro de agua potable en distintos puntos de esta ciudad y Garupá, los reclamos contra la prestataria SAMSA no cesan.

En un clima de descontento generalizado por el servicio, este jueves el diputado provincial renovador Héctor Escobar intentó sin éxito obtener una audiencia con el gerente general de la empresa multinacional en Posadas, Christian Hilbert, para que dé cuenta del porqué del incumplimiento de las obligaciones pautadas por la concesión en la capital de la provincia.

A raíz de la falta de respuestas concretas, presentaron un proyecto en la Cámara de Representantes que demandará a la empresa a elevar un informe comunicacional del estado actual del servicio.

“Esta empresa (SAMSA) sin dudas ha recibido el beneficio económico otorgado a través de este convenio que hace el Estado en el año 1999”.

“Es inconcebible que durante 20 años, y siendo una empresa multinacional, no pudieran actualizar y reactualizar en términos tecnológicos su planta. Acá tenemos una situación que es grave y no podemos permitir que le suceda a los misioneros. Entonces, le planteo (a SAMSA) muy crudamente la necesidad de normalizar esto, pero necesitamos también que nos informen luego a la Cámara de Diputados, para eso presentamos un proyecto de comunicación para que nos explique el porqué de estas situaciones que viven tantas familias”, detalló a PRIMERA EDICIÓN Héctor Escobar, luego de visitar infructuosamente la empresa.

Asimismo, explicó que “semanas atrás me presenté para hablar con Hilbert y lograr un informe, en principio personal, pero no pude conversar con él porque estaba ausente. Le pedí que se comunicara conmigo el gerente general y lo cierto es que no se comunicó conmigo”.

Respecto a las explicaciones brindadas por los cortes en el suministro de agua potable, Escobar aclaró que “las personas que me atendieron en la oficina me informaron del gran esfuerzo que están haciendo para resolver esto. Sin embargo, me llama la atención el fundamento que dan a esta situación de deficiencia de la empresa: siempre se centran en problemáticas de índole externa a ella. Por ejemplo, apuntan al IPRODHA por unas pequeñas obras que tenían que hacer y lo hicieron, pero argumentando que no estaban en las mejores condiciones, entre otras razones dadas, incluso apuntaron al Plan Belgrano, que es un plan que no se lleva adelante al estar trabado por el Gobierno nacional”.

En medio de estos reclamos, presentaron una nota en SAMSA en donde dan cuenta de la preocupación reinante por la falta de normalización del servicio.

“Con esto buscamos recordar a la empresa multinacional cuál es su misión, porque una vez obtenida la concesión, su objetivo es proporcionar el servicio de abastecimiento de agua potable y de recolección y tratamiento de desagües cloacales, continuos y de calidad, a toda la población del área de concesión, Posadas y Garupá, para contribuir de esta manera al mejoramiento de la salud pública, al desarrollo económico y a la protección del medioambiente”, remarcó.

Por otra parte, el diputado provincial Héctor Escobar señaló que “esta situación de las familias afectadas no sólo está presente en este verano, sino que viene desde hace tiempo”.

Tags: Héctor EscobarSAMSAServicios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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