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Qué reclaman los vecinos de la Chacra 145 y qué dice el IPRODHA

16 enero, 2019

Los vecinos de la chacra 145 de esta capital cortaron ayer todos los accesos desde y hacia la Zona Oeste, reclamando la presencia de personal del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para discutir sobre los montos que deberán abonar por las viviendas, la tierra y los servicios que ocupan.

Primero, por la mañana, bloquearon el sector de la avenida Chacabuco y costanera, mientras que por la tarde se expandieron también al puente de costanera y Blas Parera y la intersección entre esa avenida y Kolping, provocando graves trastornos de tránsito y desvíos de varios kilómetros hasta la ruta 12 para acceder a zonas como el aeropuerto, el Parque del Conocimiento, el CePARD e Itaembé Guazú.

Como respuesta, desde el IPRODHA afirmaron que durante la mañana estuvieron en el lugar, pero fueron sacados a “pedradas”, y que “la postura de la comisión vecinal es muy tajante, ni siquiera escucharon las propuestas y se niegan rotundamente a pagar los servicios”.

También dijeron que “no son todos los vecinos: hay un 60% que está de acuerdo en sentarse a conversar y pagar, pero los seguidores de la comisión barrial no quieren”.

Por su parte, María Machado, presidenta de la comisión barrial, dijo a PRIMERA EDICIÓN que “el IPRODHA nos habla del recupero y nunca se habló de eso, no sabemos qué nos quieren cobrar, hay unos 200 millones de pesos invertidos en el barrio según dicen ellos. Sorpresivamente nos comenzaron a llegar boletines del IPRODHA que iban a hablar individualmente con los vecinos sobre el pago de las cuotas que ellos nos habían planteado en algún momento a la comisión vecinal. Nosotros tuvimos dos reuniones con el ingeniero (Santiago) Ros y le pedimos saber dónde se establece el recupero del que ellos hablan. Los vecinos entienden que hay que pagar, lo que no entendemos es dónde dice que tenemos que pagar el recupero ese. Incluso se habló que se terminaba la obra y entregaban los títulos. Las cuotas que nos dijeron que tendríamos que pagar van de 260 pesos hasta dos mil pesos”.

“Además de las cuotas que quieren cobrar, estamos reclamando también por las malas construcciones: los baños revientan hacia adentro, las calles están mal hechas, la luz tiene muy baja tensión y no tenemos agua, las obras no están terminadas. Además, nos están reteniendo nuestros títulos de propiedad”, denunció.

“No se puede terminar”

Desde el IPRODHA confirmaron que “las obras no están terminadas, faltan las instalaciones para el agua, cloaca, la luz, terminar los accesos, pero no nos dejan entrar al barrio. La luz que están utilizando es del obrador. Además, la comisión dejó muy en claro que no van a pagar los servicios, y no se puede prestar un servicio, ya sea de luz o agua, sin cobrarlo, así que se va a retirar todo y hasta que no haya mejor disposición de los vecinos para el diálogo, no se va a volver, porque atacaron a pedradas al personal que fue a recorrer casa por casa para explicar cómo se va a implementar las cuotas de pago, porque se va a estudiar cada caso”.

Según se supo, los terrenos donde están asentados los vecinos de la chacra 145 son un predio municipal que durante años fue utilizado como basural. Las familias fueron instalándose allí y el Estado provincial, por medio del IPRODHA, invirtió millones de pesos para el recupero de la tierra y que sean aprobados los certificados de saneamiento y de que el lugar es apto para habitarlo.

Algunas familias deberán pagar sólo por el terreno; otras, por el terreno y la casa; e “incluso se acordó que aquellos que pagaban 15 años sin atrasos, después de ese tiempo se les entregaría los títulos; si no, se extiende a 30 años”, explicaron desde el IPRODHA.

Tags: Chacra 145ConflictoIPRODHAVivienda
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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