Las novedades que llegan desde Alba Posse, respecto a la investigación que lleva adelante el Concejo Deliberante sobre el intendente renovador Celso Carvalho, muestran una gravedad institucional severa pero, además, la falta de mecanismos de control sobre los gastos y los trámites internos para la utilización del dinero que aportan los vecinos de esa localidad de la Zona Centro.
Todo comenzó con las sospechas que se abrieron, a partir de una denuncia del vendedor de un vehículo de gran porte al alcalde. Entonces, los ediles comenzaron a dudar sobre el destino de miles de pesos en pagos a proveedores que podrían terminar en la Justicia penal.
Así, se pidió al Superior Tribunal de Justicia que facilite la tarea de un perito para verificar las firmas en los documentos de pago, con el fin de asegurarse que se trate de rúbricas reales de quienes percibieron el dinero de las arcas municipales.
El profesional judicial determinó que hay decenas de documentos con firma apócrifa, en pagos que se efectuaron por 625.000 pesos desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018 a sólo dos proveedores municipales.
Entre las firmas se encuentra la del denunciante de Carvalho que aportó documentación a la comisión investigadora del Concejo Deliberante.
Con este importante dato, ya hubo concejales dispuestos a pedir la destitución del intendente por la gravedad de los hechos.
Pero, una vez más, organismos de control constitucionales como el Tribunal de Cuentas, ¿no pudo determinar antes que las firmas en los comprobantes eran falsas? ¿Le realizó alguna observación al municipio o al jefe comunal precisamente por las diferencias entre las firmas que terminó detectando el perito del STJ?
Otro municipio, al igual que Fachinal el año pasado, va camino a denunciar a su intendente. De la remoción, dependerá la cantidad de votos que junten los ediles en el Concejo.
