El Gobierno nacional evaluó que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas, y que el 83% de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense, afirmó el director Nacional de Migraciones, Horacio García.
“Si seguimos hablando del tema de las restricciones, por no tener un sistema lógico y ágil, nos perdemos de hablar del verdadero tema que es el de la mayoría de los extranjeros que vienen de buena fe al país”, afirmó García en una entrevista con Télam, luego de que esta semana se conociera que se busca también agilizar la expulsión de extranjeros que cometen delitos en el país.
El funcionario quiere ir más allá en el debate y plantea la necesidad de orientar el creciente flujo migratorio hacia las distintas provincias del país, ya que -según las cifras oficiales- el 83% de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano.
Si no se resuelve el problema de la minoría de extranjeros que vienen a delinquir, no podemos pasar a este segundo paso que es direccionarlos a las provincias. Y si no resolvemos este tema, con la proyección a diez años, Buenos Aires va a explotar”, advirtió.
Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya mantuvieron o reuniones con Migraciones y otros distritos se van sumando para acordar con la Nación incentivos para extranjeros que se radiquen en sus territorios y ofrecimientos concretos de trabajo.
Médicos, ingenieros, técnicos en distintas especialidades y personal para los corredores frutihortícolas son algunas de las actividades que requieren esos provincias.
“Río Negro, por ejemplo, necesita diez mil puestos de trabajo. Hay predisposición de las provincias para avanzar en este tema”, señaló García.
En los últimos meses, el gobierno de Tierra del Fuego organizó en Buenos Aires reuniones con médicos y estudiantes de carreras afines, provenientes de Venezuela, para explorar la posibilidad de incorporarlos a su sistema público de salud.
Otra iniciativa de la dirección de Migraciones -que depende del Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio- es la creación de un ámbito institucional entre la Nación y las provincias para coordinar acciones y diseñar estrategias para las corrientes inmigratorias que viene recibiendo el país.
En los últimos meses, el movimiento migratorio de venezolanos hacia la Argentina se ubicó en el primer puesto -debido a la crítica situación socio-humanitaria del país gobernado por Nicolás Maduro-, desplazando así las históricas corrientes de paraguayos y bolivianos que se instalaron en el país en las últimas décadas.
Hasta fines de 2018 llegaron al país unos 130 mil ciudadanos de Venezuela y la tendencia indica que otros 100 mil se instalarán este año, según estimaciones oficiales.
En los últimos días se conoció que el gobierno trabaja en una iniciativa que será enviada al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una cámara -una instancia judicial específica- que investigue esos hechos, “para que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir”, según dijo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Tiene que ver con una modificación a nivel nacional con respecto a la actividad migratoria para tener criterios unificados. Actualmente el sistema es eterno, no tiene lógica. Necesitamos un sistema razonado, medido y equilibrado, pero ágil para un país que es receptor de inmigrantes con cifras muy importantes: 666 mil personas de todo el mundo se han radicado en Argentina en los últimos 3 años”, precisó García a Télam.
Por otro lado, la dirección de Migraciones elaboró un listado con los nombres de 101 extranjeros que cometieron delitos y otros 253 que tienen infracciones a la ley migratoria, que están en condiciones de ser deportados a sus países de origen.
Además hay 600 casos en los que se pedirá la “retención” para ser expulsados del país en una segunda instancia.
Las cifras oficiales indican que las expulsiones por infracciones a la ley de Migraciones o con causas penales vigentes fueron en aumento en los últimos años: 234 en el 2016, 495 en 2017 y 703 en 2018.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
