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La cuota y la deuda de créditos UVA treparon casi un 50% en el 2018

7 enero, 2019

La cuota de un crédito hipotecario UVA creció a la par de la inflación y saltó casi un 50% en 2018. Y, como los sueldos no acompañaron a los precios, la deuda se volvió más pesada para los adjudicatarios.

Muy pocos rubros lograron un incremento salarial que se acerque a la inflación, por lo tanto, la gran mayoría perdió poder adquisitivo.

La preocupación principal ahora, en lo inmediato, es que los deudores deberán destinar mayor porcentaje de sus ingresos mensuales para pagar las cuotas. Y, a largo plazo, el drama es que la deuda total también se incrementará al ritmo de la inflación.

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con la que ajustan los créditos indexados, valía el 31 de diciembre último 31,06 pesos. A comienzos de 2018, el valor era de $21,15. La UVA se encareció 46,9 por ciento en el transcurso del año pasado. Sin embargo, el índice salarial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) quedó muy por debajo de eso: aumentó hasta octubre 26,2 por ciento anual.

Traducido: si una persona sacó un crédito hipotecario UVA por $1 millón el 2 de enero de 2018, para fin del mismo año ya debía casi $1,5 millón.

Como referencia, el Banco Nación prestaba hace un año dinero al 3,5% anual, a 30 años. La cuota inicial era de $6000 por cada $1 millón de préstamo. Para quien tomó ese crédito, la cuota se encareció a fines de 2018 hasta los $8.815 (casi 47%).

El salario inicial requerido para acceder a ese dinero era de $24.000, para cumplir con una relación cuota-ingreso del 25%. Si el sueldo se actualizó 26,2%, como marcó el promedio del índice salarial de octubre (último dato oficial disponible), alcanzó los $30.288: subió $6288. Así, para la cuota indexada quedó $2527 por encima del salario actualizado. La relación cuota-ingreso, en este caso teórico, se elevó a 29 por ciento.

En el último trimestre de 2018, la cuota de los créditos indexados escaló 16,29%. En seis meses, la suba fue del 27,8 por ciento.

Para colmo, el Banco Nación subió la tasa de sus créditos hipotecarios, cuyo capital ajusta de acuerdo con la inflación. Los nuevos tomadores de préstamos durante 2018 deben pagar un interés de 10% más UVA si tienen paquete de productos en la entidad pública o del 11,5% anual si no lo tienen. La tasa antes era de 3,5% y del 5%, respectivamente.

Pérdida real

La situación tiene preocupados a miles de misioneros que optaron por este sistema para lograr el sueño de su casa propia. Pero como se advirtió desde las líneas editoriales de este diario, la medida terminó siendo un gran negocio para los bancos y el sistema financiero.

Los que recibieron el crédito terminaron siendo rehenes de las cuotas cada vez más caras. De cara al futuro, el mayor temor es que no se pueda pagar el crédito y terminen perdiendo todo.

Previendo esta situación, el Banco Central obligó a los bancos a ofrecer a los deudores extender el plazo de devolución hasta un 25 por ciento si la diferencia entre precios y salarios del INDECI superaba el 10 por ciento. La cuenta es caso por caso: depende del momento en que el deudor tomó el crédito y de cómo evolucionaron los índices de ingresos y precios desde entonces.

Según datos oficiales, el sistema financiero en su totalidad entregó unos 100.000 hipotecarios UVA y casi la mitad salió de las oficinas del principal banco público del país.

El desfasaje entre precios y salarios permitiría a unos 30.000 deudores (30%) pedir a los bancos una extensión del plazo de devolución, pero el problema es que el proceso inflacionario actual en poco tiempo podría comerse nuevamente los ingresos salariales y la situación se volvería a repetir.

Tags: Créditos UVAHipotecarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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