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Despidos en Dass no cumplieron la norma y exigen reincorporación

29 diciembre, 2018
PREOCUPACIÓN. La Mesa está integrada por dirigentes de diversos colores políticos que se unieron para evitar más despidos en la provincia.

La Mesa de Defensa del Trabajo, integrada por gremios, diputados, intendentes, concejales, ministros y dirigentes misioneros, reclamó a la empresa Dass y al Ministerio de Industria y Trabajo de la Nación la inmediata reincorporación de los 175 empleados despedidos “ante la manifiesta ilegalidad del trámite administrativo” al no haber cumplido con el decreto nacional 1043/18 que exige a todas las empresas que avisen los despidos con diez días de anticipación al Ministerio que encabeza el dirigente de Cambiemos, Dante Sica.

Los integrantes de esta mesa, conformada la semana pasada a raíz del despido masivo de la fábrica de zapatillas, se reunieron en la noche del jueves en la Municipalidad de Eldorado y, luego de un extenso debate de ideas y propuestas, emitieron un documento solicitando que el Ministerio de Industria de la Nación se haga presente en la ciudad de Eldorado “para una reunión con la Mesa para considerar la situación”.

Enviaron una nota a la empresa Dass, cuyo apoderado es el diputado radical de Cambiemos Gustavo González, exigiendo “la inmediata reincorporación de todos los despedidos ante la manifiesta ilegalidad del trámite administrativo”.

Pidieron al Ministerio de Industria y Trabajo que “notifique a la empresa que debe ajustar su procedimiento a las leyes y normativas vigentes”.

Asimismo, por insistencia del diputado del PAyS, Isaac Lenguaza, las partes acordaron gestionar la modificación del decreto 1043/18 “a los fines de que se notifique a los organismos de Trabajo de cada provincia, en forma previa, sobre los despidos y que la citación de ese organismo sea obligatoria a los gremios y empresas; y que el decreto no tenga fecha de caducidad”.

El decreto nacional exige a las empresas de todo el país que deben notificar al Ministerio Nacional cada vez que van a despedir, con diez días de anticipación, para que la Nación trate de evitar la situación.

Pero el problema es que caduca el 31 de diciembre por eso se pretende que no tenga vencimiento. Y el otro punto apunta a que se avise también a los ministerios provinciales, para que puedan intervenir en el conflicto laboral.

Se invitó a los legisladores nacionales por Misiones (diputados y senadores) a adherir al documento; y se estableció que “cada uno de los participantes asume el compromiso de realizar todas las acciones conducentes desde su ámbito de actividad para lograr la solución de la situación considerada”.

Volverán a reunirse el próximo 10 de enero, tratando de acordar soluciones y analizando los eventuales avances logrados.

Despidos masivos

La empresa Dass Eldorado despidió en forma sorpresiva a 175 empleados la semana pasada. Es parte de una serie de despidos progresivos que empezaron desde 2016, con la crisis de la industria del calzado a raíz de las políticas de Cambiemos que permitieron la importación de zapatillas baratas de Brasil y China, destruyendo la producción local. Hace tres años la empresa tenía 1.500 empleados y actualmente unos 900.

En la zona de Montecarlo también cerró un frigorífico, dejando a una docena de trabajadores en la calle. Otra empresa en crisis es la maderera Henter, que tiene deudas millonarias y bajas ventas a causa de la libre importación.

La situación social empeora a causa de estos conflictos laborales y la intención de los integrantes de la Mesa es lograr un paliativo que frene los despidos y permita reactivar las empresas en crisis.

Tags: DassDespidosEldorado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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