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Hace varios meses que los hogares de niños no cobran la Cápita Universal

28 diciembre, 2018
FORO DE LA INFANCIA. “No queríamos denunciar, pero hemos agotado todas las instancias”, señalaron.

Los hogares de niños de Misiones no están recibiendo los fondos correspondientes a la Cápita Universal por Niño, Niña y Adolescente sin cuidados parentales y bajo protección del Estado, con los que deberían contar en tiempo y forma para poder hacer frente a los gastos de alimentación y otras necesidades básicas.

Ayer, el Foro de la Infancia en Cuidado Alternativo de Misiones, integrado por 12 de los 18 hogares convivenciales que funcionan en la provincia, dio a conocer a la opinión pública la delicada situación actual que atraviesan “los niños sin cuidados parentales de Misiones pasan su segunda Navidad sin recibir la Cápita Universal”, advirtieron en un comunicado.

Según recordaron las instituciones que integran el Foro, la Cápita Universal por cada Niño, Niña y Adolescente sin cuidados parentales, con medidas excepcionales de protección, alojados en hogares de niños es un derecho formalizado por Decreto Provincial 959/2016 y Resolución 469/2017 y entró en vigencia en octubre de 2016. Es el equivalente a la Asignación Universal por Hijo que corresponde a niños y niñas con cuidado parental, atendido por la ANSES.

“Finalizando el año 2018, algunos de los 12 hogares que integramos el Foro de la Infancia en Cuidado Alternativo de Misiones, recibieron 3 cuotas de las 12 que corresponden, otros hogares únicamente 2 ó 1 sola cuota durante el año. Durante 2017 hemos pasado por la misma situación y en diciembre de ese año tampoco hubo Cápita para Navidad”, detallaron.

Con esfuerzo propio y de terceros

No obstante, aclararon que “las ONG que integramos el Foro, a pesar de esta demora manifiesta, con mucho esfuerzo personal, de sectores de la comunidad, de comercios solidarios, de donantes anónimos, nunca hemos dejado de atender las demandas y necesidades de nuestros niños durante todos estos meses de falta de los recursos de la Cápita. Tampoco los hemos dejado sin su merecido festejo de Navidad con un pequeño regalo para cada niño y niña”, indicaron.

“Observamos que la provincia se muestra saneada con sus cuentas públicas; todos han percibido sus aguinaldos y haberes y nos felicitamos que así sea. Pero, ¿se han olvidado de incluir en las cuentas la pequeña partida de la Cápita? ¿Debemos conformarnos con alguna migaja que caiga de la mesa de los poderosos?”, cuestionaron.

En este contexto, el Foro de la Infancia en Cuidado Alternativo de Misiones recordó el artículo 8 de la Ley II N 16 (antes Ley 3820) de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, “que establece prioridad presupuestaria para la niñez, la cual evidentemente no se está cumpliendo”. Indicaron además que los primeros días de este mes pidieron audiencia con el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, pero aún no tuvieron respuesta.

Los motivos de la demora

Esta Cápita Universal para los niños en hogares convivenciales está prevista en el presupuesto de Vicegobernación pero, según aclaró el propio Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, las transferencias de los fondos dependen del Ministerio de Hacienda.

Consultado sobre las razones de la demora en el depósito de esta Cápita Universal, el defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Miguel Molina, detalló que el retraso se debe a dos motivos “el primero es que los hogares tienen que acreditar toda su documentación, entre estas, balance, comisión directiva y otros papeles… y algunos tienen dificultades para cumplir con esto ya sea porque dependen de otra organización que está en Buenos Aires o en otro lugar, porque el trámite ante Personas Jurídicas lleva su tiempo u otros motivos. El otro problema es que, una vez que se deposita el dinero en las cuentas de los hogares se demoran en rendir ese dinero o lo hacen mal. Cuando un hogar se demora, todos quedan colgados porque los fondos se tramitan en un solo expediente. Con esto venimos batallando hace mucho tiempo porque los hogares que rindieron todas las partidas tampoco están cobrando como corresponde”, admitió Molina en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

El funcionario aseguró que el dinero no está llegando a los hogares por un problema burocrático de rendición “no por falta de fondos”. Indicó que la rendición no se realiza ante la Defensoría sino ante el Servicio Administrativo, “y a partir de 2019 se dispuso por decreto que la rendición sea en el Tribunal de Cuentas de la Provincias y esto facilitará este proceso”.

“Bienestar del niño, por debajo de un requisito administrativo”

Molina admitió su preocupación y malestar por la actual situación y admitió que “se pone el bienestar de un niño por debajo de requisitos administrativos y eso es grave”.

Anticipó que desde la Defensoría impulsarán un proyecto de ley para que esta cápita sea por ley y no por instrumento de menor rango. “A partir de la experiencia de este año, presentaremos un proyecto para que lo que hoy está por decreto sea por ley y podamos así mejorar el mecanismo de pago, evitando que el control de los gastos se convierta en una traba para que llegue el beneficio a los niños”.

Admitió que los requisitos de rendición que hoy se pide a los hogares convivenciales “son legales pero nos pone en una situación de incumplimiento con niños que están bajo protección del Estado”.

Por otra parte, el funcionario señaló que la Cámara de Diputados asignó a los hogares de niños subsidios para infraestructura “hay hogares que hicieron uso de ese dinero porque presentaron la documentación requerida y su proyecto de inversión en el Ministerio de Hacienda; pero hay varios hogares que tienen en este momento disponible ese dinero que no presentaron aún su proyecto de inversión y, por lo tanto, no se le transfiere esos fondos”.

Tags: Foro de la Infancia en Cuidado Alternativo de MisionesHogares convivenciales
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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