La moción para que el tema regrese a Comisión fue propuesta por el diputado de Evolución, el porteño Martín Lousteau, luego de que la discusión se empantanara alrededor del décimo artículo de la iniciativa en lo referente a las penas para quienes tengan entradas falsas.
Además, pesó en el ánimo de los legisladores la decisión del Senado de no debatir el tema en la sesión extraordinaria de este miércoles.
De ese modo, la ley para combatir la actividad delictiva de las barras bravas recién podría ser sancionada el año que viene.
Durante la sesión, la tercera del período extraordinario de sesiones, los diputados debatieron el texto enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo luego de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Monumental, en el barrio de Núñez, cuando un grupo de personas atacó con piedras el micro donde viajaba el plantel de Boca Juniors que debía jugar la segunda final por la Copa Libertadores de América con River Plate.
La iniciativa fue enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Congreso en 2016, pero había perdido estado parlamentario y el Gobierno volvió a impulsarlo tras los hechos de violencia que obligaron a suspender la final entre River y Boca, que se jugó finalmente en Madrid el pasado 9 de diciembre.
Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), aseguró que la iniciativa busca incorporar algunas contravenciones que, dijo. “adquieren calidad de delito” y algunas medidas de prevención de delitos en los partidos, así como la incorporación de la figura del arrepentido y el juicio abreviado para los que provoquen incidentes en los partidos de fútbol.
“No queremos más puertas giratorias para aquellos violentos que entorpecen el normal funcionamiento de un partido de fútbol”, aseguró Burgos en el recinto, al destacar el trabajo de todos los bloques para acordar un texto definitivo, y señaló: “Esto ha sido una co-construcción que, más allá de las diferencias, la idea central está plasmada en este proyecto”, al señalar que no soluciona todo pero es una herramienta más para seguir trabajando”.
En esa línea, el diputado nacional y ex arbitro de fútbol Héctor Baldassi (PRO-Córdoba) destacó la importancia de “dar el puntapié inicial para erradicar la violencia en las canchas, prevenir sus acciones y someterlos a la justicia para que paguen el daño con la pena que corresponde”, al advertir que “no hay más margen para esto como cualquier otro delito los que hacen estos hechos tienen que pagar”.
Desde el FPV-PJ, el presidente de la comisión de Deportes, Daniel Scioli, anticipó que ese bloque acompañará en general el proyecto pero consideró “insuficiente” el dictamen del oficialismo, al sostener que “apunta a incrementar las penas” pero “no ataca los problemas que van detrás”.
A su turno, el justicialista salteño, Pablo Kosiner, apoyó el proyecto pero reclamó “plantear una ley realista” porque “la Argentina no es sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“No es justo castigar al todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad que no supieron, o no quisieron, evitar los incidentes que ocurrieron en la final de la Libertadores”, señaló.
En tanto, la massista Carla Pitiot pidió “poner fin a la convivencia que existe entre el poder y la delincuencia”.
“Tenemos que dar un gesto político de que no queremos más mafias en el fútbol. Debemos ser firmes con las barras y darle a los argentinos un espectáculo y no un negocio para poquitos”, reclamó Pitiot.
Elisa Carrió, quien exigió separar a los clubes de fútbol de la política, expresó que “los barras siempre están en delitos mayores, se han convertido en sicarios y tienen impunidad porque el fiscal es socio del club, tesorero o presidente. Separar la política del fútbol es separar la política del delito grave del narcotráfico y de la impunidad”.
La iniciativa ya había recibido varias modificaciones, respecto al texto original, en su paso por un plenario de las comisiones del cuerpo, que incluyeron la disminución de algunas penas para que estén en sintonía con el anteproyecto de Código Penal que el gobierno nacional enviará en marzo próximo al Congreso.
El texto aumenta la prisión para aquellos que tengan en su poder armas blancas, objetos cortantes en un espectáculo futbolístico, contempla la figura del arrepentido para este tipo de delitos y para los miembros de comisiones directivas de clubes que cometan enriquecimiento ilícito, así como su inhabilitación absoluta perpetua.
La iniciativa fija además prisión para quien altere el normal desarrollo de un partido.
También se castiga la venta ilegal de entradas y se establecen penas no excarcelables cuando de ese delito participe una persona contemplada en la Base de Datos y Antecedentes Relativos a Espectáculos Futbolísticos, que funcionará en la órbita del Ministerio de Seguridad y que contemplará la nómina de personas con restricción de acceso a los estadios.
En cuanto a los denominados “trapitos”, el proyecto contempla penas de prisión a quien ofrezca servicios de cuidados de vehículos en las cercanías de los estadios y agrava la figura cuando cuando esa actividad sea desarrollada por personas contempladas en esa base unificada de datos y antecedentes.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
