A la espera del juicio oral y público, a realizarse probablemente durante 2019, la investigación por el crimen de la niña misionera Naiara Valentina Briones (8) en España sumó nuevos capítulos. En las últimas horas y a través de su abogado, el padre de la pequeña volvió a insistir con que la madre, la misionera Mariela Benítez (32), también vaya al banquillo por el asesinato.
Según publicaron días atrás medios españoles, el representante legal del padre biológico de Naiara, el chileno Manuel Adolfo Briones, volvió a reclamar la imputación de la madre por maltrato y abandono pese a haber sido descartada por la Primera Instancia.
La petición fue formulada por el letrado Marcos García Montes, en un recurso contra el auto dictado el mes pasado por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Jaca, en el que acordó transformar la causa en un juicio con jurado popular.
En el escrito, según informó la agencia “EFE”, el abogado asegura que los informes aportados a la causa por los servicios sociales municipales y el colegio al que asistía indican que la niña evidenciaba un estado de abandono, “tanto físico como psicológico”.
Asegura, además, que la madre sabía que Naiara era golpeada por su tío político, hechos que, en su opinión, justifican su imputación, y la responsabiliza de ejercer la acusación particular de forma “torticera y temeraria” para eludir su responsabilidad “a modo de escudo”.
El recurso de García Montes fue impugnado por el letrado de Mariela Benítez -la madre de Naiara- el abogado Luis Marín, quien señaló esa cuestión ya fue resuelta de forma “definitiva” por la Audiencia de Huesca, y que se pretende es “dejar indefensa” a su cliente.
El letrado dijo que la juez denegó pruebas “esenciales” que evidencian que la madre no estaba al tanto de los malos tratos sufridos por su hija, ya que no había motivos para probar su inocencia, descartada desde el inicio de la instrucción.
Marín, además, solicitó la “venia” de la instructora para actuar penalmente por verter presuntas falsedades y calumnias contra su cliente de una forma “manifiestamente temeraria”.
Responsabiliza en su escrito, además, al padre biológico de Naiara de “usar” la muerte de su hija en “beneficio propio”, tras años de no interesarse por ella. “Ese ‘apenado’ padre -resalta el letrado- abandonó a su hija desde el mismo momento de su nacimiento, no habiendo aportado jamás ningún tipo de ayuda, ni material ni de otro tipo, haciendo de su muerte una parodia del amor paterno”.
Por otra parte, en su recurso el representante legal del padre de Naiara vuelve a instar las declaraciones de responsables municipales de Sabiñánigo y del centro educativo donde estudiaba la niña tras valorar que la situación de desamparo de la niña era “absolutamente conocida” en la localidad y sin embargo no se activaron medidas de protección.
Considera el letrado necesarios sus testimonios para imputar posibles responsabilidades civiles tanto al Ayuntamiento de Sabiñánigo como a la consejería de Educación del Gobierno de Aragón.
También reclama la desestimación de las pruebas médicas solicitadas por la defensa del presunto autor del crimen, una resonancia magnética que probaría una afección cerebral, al entender que las pruebas acreditan que actuó de forma consciente, sin que haya expresado su arrepentimiento en el tiempo transcurrido.
Tal como PRIMERA EDICIÓN informó en agosto pasado, la instrucción había rechazado imputar a la misionera Benítez, pero ante la insistencia del abogado de Briones, será una instancia superior la que termine de definir aquello.
Naiara nació en Posadas y su madre es oriunda de Candelaria. Ya separada de su marido, María Alejandra viajó a España en busca de una nueva vida. Allí la pequeña quedó bajo cuidados de su tío político, Iván Pardo Pena, quien exigía violentamente a la niña para que estudiara.
Así, en la noche del jueves 6 de julio de 2017, ese hombre obligó a la menor a estar toda la noche de rodillas sobre piedras porque no había estudiado . Luego le propinó golpes y aplicó descargas eléctricas. Tras desvanecerse, la pequeña fue internada y murió 30 horas después. El caso desató la indignación mundial. Pardo Pena es el único detenido. Confesó el hecho, pero hasta ahora no mostró arrepentimiento.
