De nada sirvió la coartada que afirmaba que los oficiales de Prefectura lo habían literalmente secuestrado de su canoa cuando pescaba en aguas del Paraná, para llevarlo al monte, torturarlo y cargarle sobre sus hombros la responsabilidad de una camioneta con 1.891 kilos de marihuana. El juez Manuel Alberto Jesús Moreira resolvió condenar al paraguayo Milciades Rafael Espinosa González (30), a la pena de siete años de prisión, por el delito de transporte de estupefacientes, hecho ocurrido el 2 de octubre pasado.
La segunda y última jornada de debate comenzó puntualmente a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. En la sala todavía resonaba los argumentos que esgrimió el acusado el último martes. “Sólo porque los grabé me secuestraron… insistían que me iban a matar. En una Ford Ranger me llevaron por la ruta y me metieron en la combi y, con una pistola, el prefecturiano me ordenó que suba al asiento del conductor y toque todo, que pusiera mis manos y deje huellas”.
Ayer fue el turno de los alegatos y el primero en hacer uso de la palabra fue el fiscal Pablo Ricardo Di Loreto. Para el representante del Ministerio Público quedó probado que fue Espinosa González quien se arrojó de la camioneta tras haber chocado contra un guardarrail en la ruta nacional 12.
El responsable de la acusación rechazó la coartada del acusado al apoyarse en el relato de los prefecturianos, quienes aseguraron que escapó por ocho kilómetros. Incluso uno de los uniformados dijo que vio a Espinosa González cuando saltaba de la camioneta, reacción que le provocó traumatismo de cráneo. Ese efectivo vio que “dentro de la camioneta no había otra persona y a simple vista observó que había una numerosa cantidad de bultos, los cuales por su característica y olor se trataría de estupefacientes”, dijo el fiscal.
Además, dentro de la unidad hallaron una tarjeta de entrada al país de Migraciones con fecha del 11 de junio de 2018, señaló Di Loreto. “El señor Espinosa González sabía que al transportar estupefacientes estaba realizando una conducta ilícita”, agregó el funcionario.
Por otra parte, Di Loreto consideró que a pesar que le habían hecho señales, al escapar de la fuerza, se configuró el delito de “resistencia a la autoridad”.
Además, hizo hincapié en que el acusado poseía una condena por hurto agravado, “pero omitió intencionalmente decir al Tribunal que tenía antecedentes por comercio de estupefacientes en Buenos Aires, en 2012”. En ambos casos, al transportar droga y resistirse a la autoridad, el imputado “cometió dolo”, dijo.
Respecto a lo declarado por Espinosa González acerca de que estuvo “secuestrado” un día y medio dentro de una Ford Ranger de la fuerza, el letrado dio cuenta que en base a los registros, esa camioneta salió y entró al predio de PNA unas diez veces durante ese lapso, por lo que era falso que ese móvil hubiera estado “oculto” con él adentro.
Al finalizar su alegato, el representante del Ministerio Público pidió una condena de siete años de prisión por el delito de “transporte de estupefacientes, en concurso real, por resistencia a la autoridad, ademas de ser reincidente”.
A su turno, la doctora Susana Beatriz Criado (defensora oficial), alegó que no ocurrieron los delitos de “transporte de estupefacientes”, ni “resistencia a la autoridad”. Respecto al primero, afirmó que “no hubo contexto incriminatorio de envergadura” y sobre la segunda imputación, dijo que “no hubo adecuación al tipo penal” pretendido por la fiscalía.
La abogada hizo alusión a la declaración de un testigo, quien dijo que no vio a nadie arrojándose de la camioneta, ni que la misma tuviera algún conductor. Hizo lo propio con lo expuesto por un testigo de la comunidad Mbya, quien cuando llegó al lugar, vio a Espinosa González cuando ya estaba en el suelo. “Eso no quiere decir que haya conducido la camioneta y menos que se haya arrojado”, insistió.
La letrada recordó también el careo entre su defendido y uno de los prefectos. Explicó que el lenguaje corporal de ambos dejó claras evidencias acerca de quien mentía. “Mi defendido fue contundente. Lo miró a los ojos y le dijo ‘vos me golpeaste y me detuviste’. En cambio, el efectivo fue demasiado tibio. La comunicación gestual era de asentimiento respecto a las acusaciones que le hacía Espinosa González”, sostuvo.
Criado recordó que su defendido había sido expulsado del país el 16 de septiembre de 2017, por lo que se preguntó: “¿Qué hizo Migraciones en junio de 2018, cuando le otorgó el pase hacia la Argentina?. Migraciones es corresponsable del ingreso ilegal de mi defendido”, remarcó.
Al momento de intentar derribar los argumentos sobre “resistencia a la autoridad”, la defensora apuntó contra la Fiscalía de Primera Instancia, que solicitó la elevación a juicio, dado que “no fue claro ni debidamente fundado” el pedido de juzgamiento por ese delito.
“La mera fuga no es delito. Para que se configure dentro de un tipo penal debe haber violencia e intimidación. Está en el instinto del ser humano defenderse. Un sujeto no está jurídicamente obligado a dejarse conducir detenido”, destacó, tras lo cual pidió la absolución de su defendido.
Por último, antes de que pasara a deliberar, el juez le dio la posibilidad de expresar unas últimas palabras al detenido.
“Señor, ¿de dónde yo voy a sacar una entrada al país, siendo que se me tiene prohibido hacerlo?. Yo recuerdo que las dos ruedas traseras de la Sprinter estaban rotas. ¿cómo yo conduje entonces un vehículo que estaba roto? Cuando llegamos ya estaba estacionado en ese lugar”, dijo Espinosa González. “No puedo hacerme responsable de algo que no es mío, ni tampoco sé de quién era. Quiero que me expulsen del país, para vivir en libertad como lo estaba haciendo en el mío”, cerró.
Moreira llamó entonces a un cuarto intermedio y a su regreso procedió a la lectura del fallo condenatorio contra Espinosa González por el delito de “transporte de estupefacientes”.
Así también lo declaró reincidente. En cambio lo absolvió por el delito de “resistencia a la autoridad”, del que fuera acusado, por aplicación del “principio de la duda”. El paraguayo recibió siete años, que deberá cumplir en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria, donde fue trasladado ayer al mediodía, al final del juicio.
