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Fundamentos de la condena a Rocío Santa Cruz

7 diciembre, 2018

Tras haberse conocido el pasado 26 de noviembre la condena a cuatro años de prisión efectiva contra Rocío Santa Cruz (33), por la muerte en un siniestro vial de Ramón “Topo” Cabrera (53), este jueves se conocieron los fundamentos de la sentencia del caso.

El Juzgado Correccional y de Menores 2, a cargo del doctor César Raúl Jiménez, quien encabezó el tribunal unipersonal del juicio, basó su fallo en el alcohol que había ingerido la imputada y la velocidad en la que circulaba como puntos centrales de la decisión judicial. La condenada permanece en libertad hasta tanto quede firme la sentencia.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, al momento de evaluar la causa del deceso del motociclista y la atribución de su muerte a Santa Cruz, el juez puso el foco en cuestiones que consideró “determinantes”, como el grado de intoxicación etílica de los conductores, la velocidad de los rodados, y las condiciones del lugar del hecho. Así también, las circunstancias en las que se desplazaban, para determinar la eventual transgresión normativa de tránsito, e inobservancia de los deberes de cada uno.

Acerca de la ingesta de alcohol, el magistrado consideró necesario analizar cómo fueron los sucesos en los que la imputada “tuvo pleno dominio de su obrar, para ponerse a sí misma en un estado de ebriedad, es decir, los hechos previos a la conducta delictiva por la cual fue juzgada”.

Entendió que quedó suficientemente acreditado el estado etílico de Santa Cruz en base a las pericias bioquímicas, las cuales arrojaron 0.88 gramos por litro al momento del examen, horas después del choque, ocurrido el 31 de enero de 2016, entre las 6.30 y 6.45.

Jiménez mencionó la declaración de la testigo y amiga de Rocío, Josefina Dei Castelli, quien en el debate sostuvo que le dio un café con Tía María, para calmar los ánimos, antes de que se le practicara la alcoholemia. El magistrado analizó que el licor tiene una graduación de 31.5% de etanol por litro, según figura en la etiqueta.

“Teniendo en cuenta que la ingesta de dicho licor se produjo diluida en café…con una simple operación matemática…la cifra arrojada por el test de alcoholemia jamás podría ser de 0.88 g/l por beber un café con licor. La cifra debería haber sido muchísimo menor”, afirmó.

En ese análisis, indicó que “la presencia de alcohol no puede proceder de la ingesta del tan ‘oportuno’ café, sino de una importante cantidad de alcohol bebida con anterioridad. Se colige más allá de toda duda, que la imputada se encontraba en avanzado estado de ebriedad”, sentenció Jiménez.

El magistrado hizo alusión a lo expuesto por la defensa de Santa Cruz, a cargo de los doctores Eduardo Paredes y José Luis Rey, respecto a la responsabilidad de Cabrera en su muerte, al basarse ellos en “su embriaguez y uso de un casco no homologado”.

“También han tratado de demostrar -sin éxito- que la imputada no presentaba el momento del hecho un estado etílico apto para crear peligro, ni que la misma conducía en exceso de velocidad, alegando la existencia de un supuesto margen de tolerancia, respecto a la velocidad máxima permitida por la ley de tránsito”.

Por ello el juez entendió que eventualmente, el estado en el que conducía “Topo” Cabrera, podría haberse cargado sobre su responsabilidad, si hubiera sobrevivido, pero sin que ello implicara, hipotéticamente, que debiera cargar sólo él con ese infortunio, “pues la imputada también elevó el riesgo antijurídicamente conforme al ámbito de protección de la norma del artículo 84 del Código Penal (evitar resultados evitables), al conducir alcoholizada y a una velocidad superior a la legalmente permitida”.

El magistrado opinó que quedó claro que la colisión se produjo por alcance, es decir, porque el rodado mayor no observó la distancia prudencial reglamentaria. El Peugeot 408 que guiaba Santa Cruz circulaba a 68.58 Km/h, “infringiendo la máxima permitida”. Tampoco mantuvo una velocidad precautoria, que imponían las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En otro de los puntos relevantes del fallo, el magistrado sostuvo que Santa Cruz tuvo un “actuar descuidado, conduciendo en exceso de velocidad, bajo intoxicación del alcohol, lo que determinó la suerte del señor Cabrera a quien, literalmente, terminó arrollando”.

Tags: #JudicialesRocío Santa Cruz
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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