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Las fuerzas no estarán en situación de “inferioridad frente al delincuente”

4 diciembre, 2018

Al responder a expresiones de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien la acusó de “legalizar la muerte”, la ministra afirmó que el Poder Ejecutivo “tiene toda la autoridad para dictar reglamentos”.

“Así como el gobierno anterior dictaba reglamentos que dejaban indefensos a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad, nosotros dictamos reglamentos que apoyan la seguridad de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad”, dijo la ministra en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de una reunión de Gabinete.

Por otra parte, aclaró por “si algún juez intenta declarar la inconstitucionalidad”, que “estos reglamentos están planteados en el marco de la absoluta legalidad, y los convenios internacionales que son constitucionales”.

Al respecto, aclaró que “el convenio sobre la reglamentación de usos de armas de las Naciones Unidas tiene carácter de tratado internacional, por lo cual está legitimado”.

En declaraciones periodísticas, la funcionaria afirmó que en el país se llegó a tener una “Policía de brazos caídos” y señaló que su gestión está “cambiando esa filosofía”.

El 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente”, aseguró que al defender el nuevo reglamento sobre el uso de armamento en las fuerzas federales.

Bullrich consideró que “lo que tiene que tener la fuerza de seguridad es la capacidad de accionar para defender a la sociedad, si el reglamento solo le permite defenderse a sí mismo y no defender a terceros, entonces no es policía”.

En declaraciones al canal LN+ y a Radio con Vos, la funcionaria consideró que el país viene de “una vieja historia, la dictadura, que le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos”.

“Desde que llegamos estamos cambiando esa filosofía. Lo estamos haciendo. Queremos fuerzas que puedan cumplir con su rol. Diría que ese fue un compromiso que nosotros tomamos con nuestro electorado: la lucha contra el narcotráfico, la lucha para tener mejor seguridad y la lucha para que la figura central sea la víctima y no el victimario”, dijo.

La ministra resaltó que “la doctrina que hoy tenían nuestras fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes y los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban“.

“La situación de indefensión, de inferioridad en la que estaban las fuerzas federales frente al delincuente dejaba inermes a la misma fuerza y a los ciudadanos”, subrayó, al defender la reglamentación que permite disparar a un presunto delincuente que escapa.

Además, indicó: “¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué los policías portan armas? Para defender a la gente”.

Bullrich explicó que el gobierno nacional decidió cambiar la reglamentación partiendo de un principio central: “Solo se puede utilizar el arma de fuego frente a una situación de inminente peligro, de riesgo de vida o de gravísima situación de los mismos miembros de las fuerzas de seguridad o de terceros”.

“Hemos puesto una serie de supuestos, todos ellos acordes a los reglamentos de las Naciones Unidas”, destacó.
Además, indicó: “Estamos dando certezas con el nuevo Código Penal a las fuerzas para el uso de las armas de fuego. Ahora van a poder proteger a la ciudadanía; no van a tener que esperar a ser atacados, no van a tener que tener una situación de inferioridad frente al delincuente”.
“Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y dónde está el mal”, aseguró.

El gobierno oficializó el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad que entre otras cosas permite que la policía dispare contra personas que huyen.

La resolución 956/2018 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, deroga también toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.

Fuente: Noticias Argentinas 

Tags: Fuerzas FederalesPatricia BullrichReglamento de seguridadseguridad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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