Tras la denuncia de un grupo de socios, la Justicia finalmente ordenó abrir una instrucción formal por el presunto desfalco de más de 2 millones de pesos en la Asociación de Retirados, Jubilados y Pensionados de la Policía de Misiones. La resolución incluye la realización de pericias contables a los fines de determinar fehacientemente la existencia de ese dinero y la posterior supuesta “desaparición” de los registros.
Así lo determinó el titular del Ministerio Público, el fiscal Christian Antúnez, al frente de la Fiscalía de Instrucción 2 de Posadas y de la investigación, quien consideró suficientes los primeros elementos presentados en la denuncia y resolvió abrir la correspondiente investigación.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el titular de la acción pública también pidió una ampliación de denuncia, es decir, que los socios denunciantes se presenten nuevamente ante la Justicia, ahora con el objetivo de ahondar en determinados detalles que pueden resultar claves en el futuro de la pesquisa.
Los apuntados por los denunciantes son el presidente de la organización, Mario Ramírez; el tesorero, Ricardo Lindgvist; y el contador Miguel Ángel Andujar, nada más y nada menos que el actual titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, encargado de firmar el balance presentado ante los asociados.
Tal como publicó PRIMERA EDICIÓN días atrás, todo comenzó el viernes 19 de octubre en la sede de la entidad, sobre avenida Monteagudo 1627 de Posadas, donde se llevó a cabo la asamblea general anual ordinaria. Si bien no asistieron todos los socios, vale la pena resaltar que la Asociación cuenta con aproximadamente mil asociados a lo largo y ancho de Misiones, lo que da cuenta del importante valor económico que maneja la organización.
Lo cierto es que, en dicha reunión, las autoridades trataron el balance general y el cuadro de resultados del ejercicio que se inició el 1 de agosto de 2017 y finalizó el 31 de julio pasado.
Siempre al decir de la denuncia radicada por los asociados, ese ejercicio económico, el número 40 de la entidad, consignó que el monto total de recursos era de 4.134.000 de pesos. Sin embargo, en los propios extractos bancarios que llegaron a manos de los socios, los denunciantes descubrieron que aparentemente existía un total de ingresos por $6.485.086.
“Tomando el ingreso y el monto obrante en el balance tratado en la asamblea, existe un faltante de $2.351.086 que de ex profeso no fue tratado, como así tampoco fue justificado el faltante”, reza el escrito que derivó en la apertura de una causa penal ante el Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, actualmente con el magistrado Fernando Verón como titular por subrogancia. Ahora, con el pedido fiscal de realización de pericias, la lupa de la Justicia buscará avanzar un poco más al respecto.
