Una antigua frase dice que “el trabajo dignifica” y quizás por eso no extrañó que la imagen y el video de una vendedora echada se haya viralizado, provocando la reacción de toda la sociedad misionera que se preguntó ¿cuál fue el delito?
La mujer cometió la grave infracción de comercializar en la estación de transferencia de la avenida Quaranta. Se trata de un lugar otorgado en concesión al Grupo Z, que maneja a su antojo todo lo que sucede dentro del edificio e incluso en la vereda. La reacción de diversos organismos surgió de manera inmediata. Primero repudiaron el maltrato a la vendedora y después anticiparon que denunciarán a los responsables del hecho.
El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA) por Misiones, Alberto Fusté Padrós, aseguró que “el hecho es de enorme gravedad porque se está prohibiendo trabajar a la gente”.
El dirigente apuntó contra “el Grupo Z, verdadero responsable de la traumática situación”, según aseguró. El referente gremial confirmó, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, que llevará el caso ante la Justicia.
“No es la primera vez que ocurre algo así. No es un lugar privado, es una estación de transferencia de un servicio público concesionado”, comentó; y detalló que “en el caso puntual de esta señora, ella solamente intentaba vender chipa, y en vez de invitarla a retirarse la retuvieron”.
“Voy a hacer la denuncia, esto no puede quedar así, hay una responsabilidad de quien ordenó esto que no es otro más que el Grupo Z. Están acostumbrados a hacer lo quieren”, cerró el dirigente gremial.
De su lado la delegada de los vendedores ambulantes de la Estación Quaranta, Silvia Ortíz, comentó que “hace unos cuatro meses que estamos con un grave conflicto porque no nos dejan trabajar más ahí”.
Ortiz se reunió con los empresarios, pero el diálogo “se cortó”, dijo. Y añadió que “nunca más aparecieron a ningún encuentro. La última vez que nos respondieron fue mediante un escrito”.
La delegada advirtió: “No somos vagos, somos personas que todos los días vendemos chipa, bollos y otras mercaderías. No tenemos un trabajo estable, somos desempleados y lo único que pedimos es trabajar tranquilos”.
Marco regulatorio
La Defensoría del Pueblo de Posadas y el Ministerio de Derechos Humanos provincial se pusieron al tanto de la situación y admitieron que, por un par de denuncias de otros vendedores ambulantes, “hace un par de meses” empezaron a trabajar en el tema.
A propósito la ministra Lilia “Tiki” Marchesini dijo a este Diario: “Pedimos información a las autoridades que intervinieron y nos volvimos a reunir en una mesa integrada por varios actores y convocamos a organizaciones sociales, vendedores, secretarios municipales”.
En la misma línea se pronunció el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, quien confirmó que se reunieron con los empresarios del transporte varias veces pero “es difícil tratar con ellos”. “Responden lo que quieren y así no se puede avanzar”, adelantó.
“Venimos trabajando en esta materia, pero lo primero que debemos tener es el contrato de concesión entre el municipio y la empresa. Queremos leer para saber quién tiene potestad. Si vamos a las normativas ningún concesionario pueda sobrepasar a la comuna”, advirtió.
Del otro lado del mundo
La historia de Natasha, la vendedora ambulante que sintió el rigor del Grupo Z, quizás llegue al corazón ya que no es diferente a la de cualquier persona que busca ser y vivir mejor.
Tiene 34 años y llegó a Misiones de la mano de sus hijos desde la lejana Sudáfrica. Apostó a la venta callejera de chipa, un alimento que, quizás, nunca conoció y menos aún probó en su país. Eso no la amedrentó, pues notó que es muy consumido en las calles misioneras. Según cuentan sus compañeros, apenas se hace entender en un portugués casi incomprensible. El idioma, entonces, fue otra traba. No obstante, Natasha no fue la única. Juan, de profesión enfermero y casual observador del hecho, también fue maltratado cuando intentó defender a la vendedora.
Por suerte para los dos el mal momento duró poco gracias a la rápida intervención de las autoridades.
Fría respuesta
Lejos de mostrar sensibilidad y brindar explicaciones satisfactorias, la empresa prefirió responder a la polémica por Facebook: “Servicios Urbanos S.A. desea aclarar que la prohibición de la permanencia de vendedores ambulantes en acciones de comercialización responde a la funcionalidad de la terminal y la logística de ómnibus y usuarios que permiten el funcionamiento del sistema integrado. En todas las terminales de transferencia del mundo, estas acciones de comercialización están prohibidas”.
