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Juicio a Rocío Santa Cruz: “Ella nunca va a ir detenida”

27 noviembre, 2018
ABSOLUCIÓN. Es lo que solicitó la defensa de la imputada al magistrado César Jiménez, tras argumentar que existió “culpa concurrente”.

Eduardo Paredes y José Luis Rey fueron los abogados que llevaron adelante la defensa de Rocío Santa Cruz. Tras la lectura del fallo condenatorio, PRIMERA EDICIÓN dialogó con el doctor Paredes, para conocer cuál será la estrategia ya en una instancia judicial superior.

“Lo que buscamos desde un principio era que, en base a los últimos antecedentes de casos similares a éste, Rocío no quedara detenida, y eso es algo que hemos conseguido”, destacó el defensor.

Más allá de la sentencia, el letrado reconoció la labor del juez Jiménez. “Entendemos que Santa Cruz fue objeto de una construcción de los medios que prácticamente acorraló a todo el aparato judicial. La representación de un estereotipo negativo hizo que no se viera todo el caso. Recién en el debate se puso en foco que Cabrera era agente de tránsito, estaba alcoholizado, no tenía casco y murió por un golpe leve porque no tenía protección. Era responsabilidad de la fiscal comunicar a la familia hasta donde era responsabilidad del padre en el hecho. Ya cumplimos nuestro primer objetivo, ahora vamos a tener el tiempo para derribar el caso en instancias superiores. Ella nunca va a ir detenida”.

En este sentido advirtió que en la Cámara de Apelaciones ya hubo un fallo por “culpa concurrente”.

“En este caso la responsabilidad cae sobre la víctima. En la apelación confiamos en que van a anular la sentencia. Si es necesario, lo llevaremos hasta el Superior Tribunal inclusive”, cerró.

“Todos nos decían que no íbamos a poder”

Una vez que Rocío Santa Cruz se retiró del lugar, los familiares de Ramón Cabrera expresaron sus primeras sensaciones luego de la lectura del fallo.

La primera en hablar con los medios fue Irene Paré, viuda de Ramón, quien agradeció la cobertura del caso de parte de los medios.

“Se hizo justicia, gracias por apoyarnos a mi y a mi pequeña familia. Desde un principio quisimos que se hiciera justicia. Con que se quede un día o dos presa eso nos satisface, porque todos nos decían que no íbamos a poder. Estoy muy feliz y se que él desde allá arriba también nos da fuerzas. Estamos conformes con la sentencia”, destacó la viuda.

Luego habló Lucas, el hijo del “Topo” y dejó entrever su rechazo a las disculpas que presentó Santa Cruz. “No le creí. Esperó todo ese tiempo para venir a decirnos que fue un accidente. Irse del lugar después de chocar a alguien no es tener un accidente”, subrayó.

Indicó que estaban conformes con la sentencia. “Para nosotros es un triunfo haber llegado a este resultado”.

“Nunca perdimos la fe. Confiábamos mucho en Dios y en el juez. Nada nos va devolver a nuestro padre. Ya pasaron casi tres años y nosotros lo seguimos sintiendo como si fuera ayer. Ahora estamos más fuertes que nunca, nos unimos más como familia”, cerró Lucas

El juicio

Fueron cuatro jornadas de testimonios y alegatos en el juicio oral y público que se llevó a cabo contra Rocío Santa Cruz (33). Llegó a debate imputada del delito de “homicidio culposo”, por el siniestro vial en el que perdió la vida Ramón “Topo” Cabrera (53).

Este lunes, las partes fueron convocadas para la lectura de la sentencia del caso. El Tribunal unipersonal a cargo del Dr. César Raúl Jiménez, resolvió condenar a la acusada, a la pena de cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación para conducir por diez años, por el hecho ocurrido el 31 de enero de 2016 sobre Quaranta casi avenida 115.

Minutos después de las 10, el titular del Juzgado Correccional y de Menores Nº2 se hizo presente en la sala para dar el cierre a la audiencia con la lectura de la sentencia.

El Juez Jiménez le solicitó a Santa Cruz que se acercara frente al estrado y le dio la posibilidad de dirigir unas últimas palabras antes que se clausure el debate, a lo cual ella accedió.

Ella sostuvo que en los últimos tres años nunca antes había salido a hablar por respeto. “Fue un accidente no fue otra cosa, le puede pasar a cualquiera y en este caso me tocó a mi la desgracia”.

Resaltó que intentaron acercarse a la familia de Cabrera, para hacer una “reparación desde el punto de vista material”, tal como lo indica el Código Penal. “Consideramos que era lo que correspondía. Yo me iba encargar personalmente de entregárselo y tratar así de tener un mínimo acercamiento”, subrayó.

“Así llegamos a esta instancia de juicio, donde se ofrecieron las pruebas, donde todos pudieron ver y escuchar. Esa es mi verdad, yo nunca tuve intención de nada, conozco la ley. Fue un accidente que le puede pasar a cualquier persona. Mis más sentidos pésames se lo quería dar personalmente, no en un lugar público, pero no tuve la posibilidad, por ello es ahora el momento de decirlo. Las disculpas que ahora pueda dar ya no solucionan la cuestión”, remarcó.

Finalmente le agradeció al magistrado la posibilidad del derecho a réplica, teniendo en cuenta que nunca antes había hablado con ningún medio sobre el caso.

Seguidamente César Jiménez dio por clausurado el debate y llamó a un cuarto intermedio para dar lectura por secretaría a la sentencia.

Llamado a la sociedad

Minutos después, ya en su retorno a la sala, el magistrado pidió disculpas por la demora, “atendiendo a la complejidad del caso”. Aprovechó la oportunidad de la gran presencia de medios de comunicación en el auditorio, para dar un mensaje referido a la problemática que llevó ese caso a juicio, como tantos otros.

“La intención de la Justicia es que el poder administrador sea más efectivo a la hora de ejercer el contralor del tránsito. Si bien es cierto que somos el último eslabón en donde resolvemos sobre un hecho consumado, no es menos cierto que, como le mencioné en cierta oportunidad a la esposa de la víctima, ni la Justicia, ni siquiera Dios va reparar el daño causado, solamente lo hará el tiempo. Por eso debemos obligarnos nosotros mismos como sociedad a ejercer un mayor contralor a la hora de conducir y a la hora de beber”, subrayó Jiménez.

Hasta que haya sentencia firme

A continuación el secretario del juzgado procedió a dar lectura a la sentencia.

Primero. Condenar, a Rocío Santa Cruz a la pena de cuatro años de prisión efectiva, al encontrarla penalmente responsable del delito de homicidio culposo, más la accesoria de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de diez años. La misma deberá fijar residencia y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

Segundo. Prohibir la salida del país respecto a lo solicitado por la fiscalía.

Tercero. En consecuencia, sometiendo lo expresado a lo dispuesto en las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia, previsto en la Carta Magna, la Convención Americana de Derechos Humanos, con los alcances interpretativos determinados por la Corte Interamericana de DHHH en referencia a la presente causa y en atención a sus particulares circunstancias, difiriendo la ejecución de la pena aquí dispuesta, hasta tanto la presente sentencia se encuentre firme y consentida.

Cuarto. Los fundamentos del fallo serán leídos el 5 de diciembre a las 12.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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