Salvo una firma, D´Orazi Márquez, las demás relevadas (de capitales misioneros y de cadenas nacionales) no respetaban los términos del programa oficial destinado a movilizar la economía provincial, con tasas de interés financiadas por el Estado para que la compra en cuotas no se encarezca.
Ayer, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, ratificó que se excluirá a los comercios incumplidores. “En el Ministerio de Hacienda estamos haciendo los trámites de exclusión de los que hemos constatado que están incumpliendo”, anticipó el funcionario sin dar nombres sobre los que quedarán afuera. De hecho, el concejal posadeño y empresario, Diego Barrios, salió en declaraciones radiales a admitir que aplicaba dos precios diferentes y a justificar tal determinación.
A veces, por unos pocos, se termina lesionando una iniciativa que tiene por finalidad ayudar al sostenimiento de los comercios misioneros en medio de una fuerte recesión económica. En definitiva, a ayudar a quienes crean y mantienen la gran porción de trabajadores privados en la tierra colorada.
Lamentablemente, los consumidores que pasaron por la experiencia del incumplimiento de las reglas no se animan muchas veces a denunciar los casos, más que por las redes sociales y no en la oficina de Defensa del Consumidor. Y, a su vez, terminan pagando más caro el producto deseado.
Bienvenida la rápida definición sobre los que no respetan un acuerdo que es voluntario y que optaron adherir al momento de la implementación.
Cierto es que, ahora que ya se hizo público, dirigentes mercantiles empresarios admiten haberse enterado de los casos minimizando el número. Podrían haber actuado antes, evitando así llegar a esta instancia de desconfianza que se crea, por culpa de unos pocos.
