A raíz de numerosas denuncias ingresadas a la Defensoría del Pueblo, el defensor Alberto Penayo convocó a varios sectores de la comunidad para conformar un equipo multidisciplinario con el objetivo de instalar la temática en la agenda de los Gobiernos provincial y municipal.
Forman parte del mismo la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud de la Provincia; la Municipalidad (Dirección de Habilitaciones Comerciales, Dirección General de Control Alimentario y Medio Ambiente Urbano, la Subsecretaría de Adultos Mayores), Gobernación (Ministerio de Derechos Humanos, Desarrollo Social, etc.) y la Defensoría del Pueblo.
A partir de esta convocatoria se trabaja en distintas líneas. En primer lugar, se socializó un listado de geriátricos irregulares, a partir de lo cual se vio la necesidad de mediar para que la situación de los mismos cambie.
Se continúa trabajando en ello, según el Protocolo de Control de Residencias de Adultos Mayores que se encuentran dentro del Programa de Control Participativo, denominado: “Observatorio para Control y Gestión” de casas que albergan personas adultas mayores.
Además, se planteó un Registro Voluntario de establecimientos, en donde se los invita a adherirse y cumplir con los requerimientos legales.
Por otra parte, desde la Defensoría se realizó una propuesta a la Cámara de Representantes (impulsada por el diputado Roque Gervasoni) para generar una Mesa Interparlamentaria con el fin de elaborar una legislación que permita darle un marco legal y con ello un mayor control, a este problema.
“Nos preocupa sobremanera que se vulneren los derechos de los abuelos. Las condiciones en que se encuentran son deplorables y urge trabajar en una ley que modifique esta situación” sostuvo el defensor posadeño.
Únicamente son cinco los geriátricos habilitados; según se desprende del listado oficial de la Dirección de Gerontología de la Municipalidad; en una ciudad donde habría más de 40 funcionando, los cuales que no cumplen con los requisitos necesarios.
