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Coparticipación real: Misiones recibirá menos que en 2015

10 noviembre, 2018

Los funcionarios de Cambiemos repiten con frecuencia que Misiones recibe más coparticipación con este gobierno nacional que con el anterior. Pero la trampa está en que llega más dinero pero tiene menor valor. En síntesis: con la suma de dinero que llega ahora no se puede hacer la misma cantidad de obras o pagar la misma cantidad de sueldos que en 2015.

Es una clara consecuencia de la inflación y la devaluación. Los Estados manejan más dinero pero les alcanza para menos objetivos.

Esta situación puntual afecta solamente a Misiones y otras cinco provincias. En las 18 restantes, el dinero que reciben ahora por coparticipación alcanza para realizar más cosas que en 2015.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) donde presentan “la variación que tendría la coparticipación por habitante entre los años 2015 y 2018” y remarcan que “lo primero que surge es que 18 jurisdicciones recibirían más coparticipación por habitante y 6 jurisdicciones terminarían en una peor situación que 2015”.

Ahí se describe que “CABA sería la jurisdicción que más plata automática va a terminar recibiendo, con casi $12.700 más por habitante” en comparación con 2015. “Río Negro recibiría $25 más por habitante. Dentro de las 4 jurisdicciones más grandes, Córdoba sería la de menor crecimiento, con $1.295 más”.

Luego el informe continúa con la mala noticia para los misioneros: “Los habitantes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Salta y Misiones, teniendo en cuenta el dato poblacional que proyecta el INDEC, recibirían durante este año 2018 una menor coparticipación real que en 2015. La primera jurisdicción sería la más perjudicada, con una pérdida de alrededor de $3.000 promedio para cada habitante”.

En el caso de Misiones, para el final del año se recibirán 162,8 pesos menos por habitante, en comparación con 2015, midiendo siempre la coparticipación real, no así nominal.

Más injusto

El informe realizado por Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Florencia Maldonado presenta otras dos observaciones pertinentes. Por un lado, la masa bruta coparticipable o el tamaño de la torta a repartir resulta más chica que entonces. Y por el otro, los aumentos de la coparticipación automática está más concentrada en la Ciudad de Buenos Aires (34%) y en la provincia de Buenos Aires (30%). El 64% corresponde a esos distritos, que aglutina al 46% de la población nacional.

En síntesis, el sistema de distribución de coparticipación actual es más injusto que hace tres años, porque se reparte menos dinero y se concentra la mayor parte en dos jurisdicciones.

Respecto de 2015, este año las provincias incrementarán su coparticipación en $114.727 millones en moneda constante. No obstante, el 80% de este crecimiento se encuentra concentrado en cinco provincias. A las dos mencionadas, se les suma Córdoba, Santa Fe y San Luis, que concentran el restante 16%. Las 19 provincias restantes explican apenas el 20% del incremento de los recursos por coparticipación.

En el caso de Misiones, del incremento de todos los recursos coparticipables le toca apenas el 0,9%. Eso explica que sea una de las pocas que contará con menos caja que hace tres años.

El incremento para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se explica por el decreto 194/2016 destinado a “solventar el traspaso de la Policía Federal al ámbito metropolitano” y por los cambios en la distribución de impuestos implementados en el Consenso Fiscal. En tanto que el aumento para Buenos Aires, que hasta 2016 presentaba caídas en moneda constante, se explica casi en su totalidad por el acuerdo firmado por el presidente Macri y las provincias a fines del año pasado.

Según el IARAF, 18 son las jurisdicciones que recibirían más coparticipación por habitante y 6 jurisdicciones terminarían en una peor situación que 2015, entre esas Misiones.

Tags: Coparticipacióningresos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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