Juan Carlos Díaz tiene 46 años pero, en 2034, cumplirá 62. A esa altura, habrá vivido 32 años -es decir, más de la mitad de su vida- tras las rejas.
Por ese entonces, probablemente ostente un triste récord carcelario: será el misionero con más años en las sombras en el sistema penal argentino.
Nacido en Posadas en mayo de 1972, la suerte sobre el futuro de “Patalín” -tal su apodo- quedó definida hace menos de dos semanas, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín, Buenos Aires, finalmente unificó las condenas que recibió y que lo mantendrán tras las rejas al menos otros 16 años.
En ese fallo, al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, Díaz fue sentenciado a concluir los doce años que le restaban de una pena a prisión perpetua por matar a un efectivo policial en un robo y a purgar otros siete, más recientes, por un segundo robo calificado, que cometió cuando gozaba aún de libertad condicional por aquel primer hecho.
“Deberá cumplir lo que le resta de la pena anterior más la nueva, sin posibilidad de acceder a una nueva condicional, ya que nuestra ley no prevé ese beneficio en caso de reincidencia”, explicaron las fuentes a este Diario para graficar lo que sucederá con Díaz.
Acribillado con su propia arma
El primero de los hechos -y también el más grave- por el que el posadeño fue sentenciado tuvo lugar en la intersección de la ruta provincial 21 y la calle Andonaegui, en González Catán, provincia de Buenos Aires.
Alrededor de las 1.30 del miércoles 10 de mayo de 2000, al menos tres delincuentes abordaron a un hombre que acababa de bajar del colectivo con fines de robo. Víctor Zambrana (46), sargento de la Policía Federal Argentina, apenas tuvo tiempo para reaccionar: los malvivientes encontraron un arma en su cintura, descubrieron que era efectivo policial -estaba vestido de civil- y le vaciaron el cargador para matarlo.
“Zambrana recibió 12 disparos a corta distancia. Según la autopsia, tres tiros fueron en la pierna derecha a la altura del muslo; tres, en el torso, cerca del pecho; dos, en el brazo izquierdo; dos, en la pierna izquierda, y los dos restantes, tal vez a modo de remate, fueron a la cabeza”, reza el artículo que escribió sobre el caso ese mismo día el diario porteño La Nación.
La víctima acababa de cumplir doble jornada en la comisaría 49ª de Saavedra. Volvía a casa, donde lo esperaban su mujer y los ocho hijos de la pareja, cuando fue ultimado por los delincuentes.
Una rápida investigación de las autoridades bonaerenses arrojó resultados al día siguiente, el miércoles 11 de mayo de 2000, cuando el posadeño Díaz fue detenido junto a otros dos presuntos cómplices.
Los uniformados allanaron la vivienda del misionero -por aquel entonces, de 27 años- y encontraron ni más ni menos que algunos de los elementos que le habían sustraído al efectivo de la PFA. “Este sospechoso guardaba, debajo del colchón sobre el que dormía y en una cómoda de la finca, un cinturón negro con escudo policial y la placa identificatoria del sargento Zambrana”, agrega La Nación, en su edición del día siguiente a la detención.
Díaz y uno de sus cómplices aguardó durante dos años hasta el juicio oral y público. Llegó al banquillo imputado por el delito de “robo agravado por haber sido cometido con armas, el que concurre materialmente con el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”. El Tribunal Federal 3 de San Martín condenó al misionero a prisión perpetua -por entonces, 25 años- el viernes 20 de diciembre de 2002.
Una nueva condena en contra
Díaz purgó 13 años tras las rejas, hasta que el viernes 23 de agosto de 2013 accedió a la libertad condicional. Debía presentarse todos los meses ante el Tribunal, pero a comienzos de 2015 dejó de hacerlo. En pocos días, los jueces confirmaron que el posadeño había sido nuevamente detenido por un asalto.
El Tribunal Federal le revocó la libertad condicional y aguardó hasta el nuevo fallo, que finalmente fue impuesto por el Tribunal Criminal 3 de La Matanza. Allí Díaz recibió otros siete años por “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.
Pese a que recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la semana antepasada los jueces federales finalmente resolvieron declararlo reincidente y unificar ambas condenas, razón por la cual deberá purgar lo que resta de la primera sentencia y los años que se le impusieron recientemente, en 2016. Le esperan, otra vez, varios años tras las rejas.
