La crisis económica muestra cada vez mayor deterioro social con el paso de los meses. El propio INDEC como las consultoras privadas admitieron que la pobreza y la indigencia crecerán. Una canasta básica de $22.558 hasta septiembre pasado, marca la profundización de la brecha socioeconómica de los argentinos.
Con índices negativos que están muy lejos de salir del rojo intenso, quienes la están pasando mal demandan ayuda al Estado en cualquiera de sus estamentos. Una inflación que se acerca al 50% para el 2018, la devaluación del peso cercana al 90% hasta octubre que impactó en los precios, la caída en las ventas que provocaron el cierre de comercios con el consecuente despido de personal, el desplome de la actividad industrial que trajo aparejada la suspensión y finalización de contratos laborales en importantes plantas del país, son apenas muestras de un panorama nada alentador.
A conciencia de que se producirá un mayor reclamo social (conflictivo o no) hasta fin de año, el Gobierno nacional estudia las alternativas de intervención con el escaso margen de gasto (según el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional) hasta que “aclare” el futuro de la economía y las finanzas a corto, mediano y largo plazo.
Cambiemos sabe que debe buscar una contención social, especialmente en un 2019 electoral si pretende mantener una cuota de poder.
Una señal de la necesidad de dirigir recursos al gasto social, fue dictada a partir del préstamo de 1.500 millones de dólares que aprobó el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con varias líneas destinadas a la inclusión “ante un entorno de ajuste fiscal, un entorno complejo”, según Jorge Familiar, vicepresidente del BM para América latina y el Caribe.
Unos 450 millones de dólares serán para el denominado “Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes”, que busca sumar a unos 250 mil chicos aún no están incluidos en programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Otros 600 millones buscarán “la sostenibilidad de programas de protección social de amplia cobertura entre la población de menores recursos”, intentando atender a unas 4 millones de personas. En realidad serán 900 millones de dólares pero hasta diciembre llegarán 600 millones.
Según el BID “esta primera operación contribuirá a mejorar las intervenciones de protección social, a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público, para orientar la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo, monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar, y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Si bien la Nación niega que -por ahora- vaya a utilizar fondos acordados con el FMI para la contención social, una cláusula del acuerdo último habilita a Macri a utilizar hasta 13.500 millones de pesos este año en esa dirección y hasta el 0,2% del PBI en adelante.
Ajuste y presión impositiva
Mientras tanto, en el plano político, Macri se juega en el Senado la aprobación del Presupuesto. De hecho, esta semana, se espera al ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio, en la comisión que analiza la media sanción de los diputados, para intentar cerrar el debate y emitir dictamen.
El Gobierno no logra cerrar con un grupo de gobernadores que endurecieron su postura, a la espera de la restitución en los papeles del Fondo Federal Solidario (o Fondo de la Soja). Aunque el oficialismo cree que cuenta con los votos necesarios para votarlo el 14.
El problema de esa negociación irresuelta, es que las provincias “rebeldes” quieren una sesión especial para derogar el decreto que dejó sin efecto el FFS, una reacción política similar a la que no consiguieron en Diputados.
Entre tanta tensión, el próximo jueves estará en la Argentina una misión del FMI para monitorear de cerca las medidas del Gobierno de Cambiemos, tras la liberación de 5.631 millones de dólares. El organismo quiere saber si se está utilizando para contener al dólar sin escaladas (el viernes cerró a $36,60), si el Banco Central está financiando al Tesoro, si el ajuste fiscal se cumple de acuerdo a lo pactado y, seguramente, a plantear las reformas que se exigirán para recibir futuros desembolsos.
El Ministerio de Hacienda salió esta semana a exhibir como positivo, haber alcanzado una importante reducción del déficit fiscal. Pero el propio Macri terminó admitiendo que el peso de la reducción de gastos impactará en mayores impuestos sobre los privados, que el año que viene se convertirá en récord de presión fiscal. Lo hizo en Córdoba, cuando aseguró: “Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene es el aumento de impuestos y otra parte con la reducción del gasto”. Los ya anunciados derechos de exportación (retenciones), la ampliación del impuesto a los Bienes Personales que subirá un 25% comparado con 2018, además del paquete de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales que ya son un importante peso para las empresas y emprendedores.
Entre la recesión, los impuestos, las cargas laborales y el costo de los servicios (sin entrar en el alto costo del financiamiento crediticio y bancario), cada vez son más las empresas que rompen la cadena de pago y entrar en crisis.
El portal La Política On Line, publicó esta semana que “La Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura nacional había contabilizado en la primera mitad del año 961 casos de concurso preventivo de acreedores y para esta segunda mitad del año se espera que la cifra sea incluso mayor”. Se advirtió en la misma publicación que “el embargo de las cuentas, la suspensión de los contratos y las demás restricciones legales para asegurar los pagos deja a las empresas maniatadas en su operatoria y sin capacidad de acceder a nuevo capital de trabajo”. El mayor problema, lo tendrá el Estado porque habrá cada vez menor cumplimiento del pago de impuestos, dado que los empresarios deberán priorizar el destino de sus escasos recursos.
Esta semana se conoció que la recaudación de la AFIP creció un 42% en octubre comparado con el mismo mes de 2017. Sin embargo, en esos 12 meses, la inflación fue del 45%. Y un dato no pasó desapercibido: se registró una suba de apenas 24,7% en el impuesto a la seguridad social (menor crecimiento de salarios y de empleo entre las principales causas).
Por eso la AFIP anunció que “En el caso de los planes de pago permanentes, se eleva a seis la cantidad máxima de planes generales y de gestión judicial a los que se pueden acceder. En tanto, la cantidad total de cuotas de los planes para ajustes de fiscalización se incrementa de 12 a 24”, anunció AFIP con vigencia hasta el fin de febrero próximo.
El desafío es “Ahora”
La semana entrante se anunciarán más planes “Ahora” que se implementan entre la Provincia, la banca privada y cámaras empresariales de distintos rubros. Esta vez, estarían destinados al turismo y a las fiestas de fin de año. El objetivo sigue siendo mantener el flujo de consumo que permita no caer más de lo que ya se cayó la economía misionera.
Por recordar algunos de los “Ahora” vigentes, están los vinculados al pan, el gas, el impuesto al parque automotor (patentes), para las mejoras de los sanitarios en las viviendas, para la compra en supermercados, entre otros.
El beneficio para el consumidor es obtener un 15% de descuento (que otorgan los comercios y el Banco Macro) y varias cuotas sin intereses que financia la Provincia. Ya lo explicó Hugo Passalacqua al lanzar los programas: “Estamos en un momento muy difícil y hay que apelar a la creatividad, con políticas públicas activas, con pequeños esfuerzos”.
A partir de un “Ahora Misiones” que sirvió de apoyo a los privados, son cada vez más las cámaras empresariales que piden acordar un plan específico para sus rubros. Con la pronta llegada de las vacaciones, el sector del turismo también hizo lo propio.
La interna que no fue
Más allá del plano judicial federal, del que se esperan prontas novedades, el oficialismo de la Unión Cívica Radical (UCR) ya proclamó a Martín Arjol como el nuevo titular del Comité Provincia. Resolvió así una interna sin elecciones y un tendal de “pichados” por toda la provincia.
La principal crítica es haber dejado sin competencia a dos listas opositoras para facilitar la proclamación de Arjol a pesar de no tener los votos de los afiliados.
Las redes sociales y los medios fueron el escenario de las voces de los afiliados decepcionados con el manejo de la cúpula radical, que designó “a dedo” a las nuevas autoridades. Del otro lado, lejos de la conciliación, aparecieron los mismos dirigentes de siempre, con opiniones descalificadoras de la “vieja política”, para buscar apoyos y perpetuarse en los cargos rentados aun en 2019. Así, la UCR Misiones sigue en el camino de poner caras jóvenes, con viejas prácticas.
