La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
