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Piden indagar por videoconferencia a Martínez Rojas

31 octubre, 2018
DE REGRESO. El controvertido empresario, en junio pasado, tras ser expulsado y deportado desde Estados Unidos.

Pese a la serie de dificultades que enfrenta un posible traslado a Misiones, el polémico empresario Mariano Martínez Rojas (39) no logrará evitar comparecer ante la Justicia provincial. Sucede que en las últimas horas el magistrado César Yaya pidió que, en razón de los obstáculos, el correntino sea indagado a través de una videoconferencia.

Así lo pudo saber PRIMERA EDICIÓN mediante sus fuentes, quienes confirmaron la medida solicitada por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas. En esa sede judicial se instruye una causa en contra del polifacético Martínez Rojas, esta vez por estafas a una concesionaria de la capital provincial por 400 mil pesos, en 2014.

El correntino fue detenido el viernes 26 de enero último en Florida, Estados Unidos. Fue expulsado y deportado a la Argentina, donde regresó el 15 de junio. En el país posee varias causas “pesadas” que tuvieron importante repercusión mediática.

Una de ellas es la megacausa que investiga el presunto lavado de dinero realizado a través de 56 empresas “fantasma” que fugaban divisas al exterior. Se cree que la denominada “Mafia de los Contenedores” utilizó las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI) para “blanquear” así alrededor de 200 millones de pesos.

Martínez Rojas también se hizo conocido en 2016, al comprar el diario Tiempo Argentino y Radio América al Grupo Veintitrés. En aquel momento dijo que había pagado 2,3 millones de dólares a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para conformar “el segundo multimedios más poderoso de la Argentina”, pero fracasó en esa empresa y terminó prófugo, con un pedido de captura internacional.

Una vez que regresó al país, en junio pasado, pidió acogerse a los beneficios del programa de testigos protegidos de la Justicia argentina, tras afirmar que posee información clave sobre casos de corrupción a nivel político nacional.

Por lo pronto, Martínez Rojas continúa detenido en Buenos Aires bajo una fuerte custodia y con “movilidad restringida”. Es por ello que su traslado a Misiones y Corrientes -donde también tiene causas penales- resulta prácticamente imposible, tanto por los requisitos para un traslado de esa envergadura así como los costos de dicho operativo.

Para salvar aquella cuestión y avanzar con la investigación radicada en Posadas es que el magistrado Yaya solicitó indagar al imputado por videoconferencia, en una sesión que podría realizarse antes de fin de año. El lugar escogido sería el Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones, en razón de los atributos tecnológicos con los que allí se cuenta, que permitirían llevar adelante la mencionada conexión.

Los respectivos oficios ya fueron enviados desde Posadas y ahora sólo resta culminar con la gestión para que Martínez Rojas finalmente declare. No será de manera presencial, pero permitirá al menos que las autoridades misioneras den otro paso en la investigación que tienen sobre uno de los empresarios argentinos más polémicos de los últimos años.

Un conocido médico correntino, imputado en el mismo expediente

PJunto con Martínez Rojas, en la causa que se instruye en la capital provincial también está imputado un reconocido médico oriundo de Corrientes capital, quien ya declaró y aseguró haberle prestado los cheques con los que el empresario habría pergeñado la estafa en Misiones.

Según reza el expediente, Martínez Rojas habría trabado una relación de confianza con el propietario de una concesionaria de automóviles emplazada sobre uno de los accesos principales a Posadas.

El constante intercambio entre ambos, incluida la compra de numerosos vehículos, derivó en que hacia mayo de 2014 el ahora acusado aparentemente se haya quedado con una camioneta BMW X6, de alta gama y superior a los 400 mil pesos de costo.

Siempre según la denuncia del vendedor de vehículos, recibió los cheques del empresario sin imaginar que los mismos no tenían fondos. Cuando lo descubrió, tanto el acusado como la camioneta ya estaban demasiado lejos. Ahora resta que Martínez Rojas brinde su versión de los hechos.

Tags: Mariano Martínez Rojas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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