Penayo remarcó que “a poco de comenzar la primera etapa de relocalización de vecinos afectados por las inundaciones”, necesitan el compromiso de todas las familias para que no dejen ingresar a nuevos ocupantes.
Fue durante un encuentro que mantuvieron en el barrio con las familias involucradas, junto a los agentes defensores, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, la directora de Inclusión Laboral del IPRODHA, Lucia Bauman, el secretario de Coordinación de Gabinete municipal, Santiago Enríquez; y el coordinador de Tierras y Agua de la Comuna posadeña, Jorge Atencio.
“Necesitamos que las familias se pongan de acuerdo, porque si dejan entrar a quienes vinieron después de la inundación y no son realmente damnificados, pueden terminar perjudicándose todos”, explicó Penayo, quien también sostuvo que hubo un importante trabajo de relevamiento previo.
Desde el IPRODHA indicaron que aún constatan irregularidades en las planillas y explicaron a los vecinos que “deben ser sinceros respecto a quiénes estaban ya como habitantes del barrio, porque si no expulsan o ponen en evidencia a los que vinieron ahora para intentar beneficiarse con esta situación, lo que verdaderamente va a pasar es que van a quedar menos viviendas para los que realmente lo necesitan”.
“Pedimos a los vecinos que, de corazón, piensen en los otros que están sufriendo y necesitan de su vivienda, porque por dos familias que están en desacuerdo se pueden perjudicar todos, y este fue un logro muy importante que se obtuvo a partir de la Mesa Interinstitucional”, recalcó la ministra de Derechos Humanos.
Por su parte, el defensor del Pueblo indicó que “si bien la casa es una, el terreno es grande y pueden compartir entre familias”, a la vez que enfatizó que, si ven que vienen a instalarse nuevos vecinos, inmediatamente denuncien esta situación ante la Municipalidad, para que no caiga el plan de relocalización.
