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Desde noviembre, el IPLyC podría administrar el sitio de apuestas MisionBet

28 octubre, 2018
Imagen ilustrativa

La continuidad del contrato que une al Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC SE) con la empresa que opera actualmente el portal de apuestas on line MisionBet, se daría por finalizada esta semana. Así, el propio IPLyC se haría cargo directamente de la gestión del sitio, sin depender de un externo, como lo había decidido la gestión del expresidente del directorio, Eduardo “Balero” Torres.

En ese sentido, un escueto comunicado del Instituto provincial adelantó que, desde el miércoles 31 de octubre próximo, MisionBet suspenderá sus actividades lúdicas hasta nuevo aviso.

Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN como el mismo informe oficial, aseguraron que nada tiene que ver esta decisión con problemas con la Justicia, como sí le ocurrió al renunciado Torres, y que terminó con una causa penal, clausura y embargos millonarios, por ampliar el radio de apuestas a todo el país.

“Comunicamos a la comunidad que por razones ajenas a nuestra voluntad -no imputables al IPLyC SE- y en el marco de nuestra obligación de garantizar transparencia y seguridad a los apostadores, nos vemos en la necesidad de suspender la actividad de la plataforma de juegos MisionBet a partir de las cero horas del 31 de octubre”, anunció ayer el organismo provincial del juego.

“Confiamos en que próximamente retomaremos nuestro contacto para ofrecerle una propuesta superadora, que nos permita seguir haciendo del juego una actividad recreativa y responsable. Y continuar ‘Haciendo que las cosas buenas sucedan’”, finalizó el parte de prensa del IPLyC.

Las máximas autoridades del Instituto hicieron saber que no se expresarán al respecto hasta que la cuestión contractual con la empresa tercerizada se resuelva, con intervención del área jurídica.

Tampoco lo harían hasta que el Gobierno decida si operará el portal de manera directa.

Un cambio más

Cuando el escribano Héctor Rojas Decut se hizo cargo de la presidencia del IPLyC, MisionBet arrastraba de la desgastada gestión “Torres” una seguidilla de polémicas y acciones judiciales contra la provincia.

En 2016 la Unidad Fiscal Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martín Lapadú, bloqueó y clausuró el portal de apuestas, y acusó la operación del mismo como ilegal, ya que lo hacía sin las autorizaciones que le permitieran hacerlo fuera de la provincia de Misiones. El fiscal consiguió que el juez trabara, además, un embargo que superaba los 450 millones de pesos.

A partir del 15 de enero de 2018, con Rojas Decut al frente del IPLyC, se levantó la suspensión del sitio MisionBet y pudo volver a operar solamente en Misiones. A inicios de junio pasado, mientras tanto, se cerró la causa judicial entre Lapadú y Misiones.

Las mismas fuentes consultadas por este Diario revelaron que en los primeros nueve meses de gestión, Rojas Decut ordenó a sus funcionarios “trabajar en materia de certificación internacional, que respalde a MisionBet en calidad y transparencia del portal, que atraiga a más jugadores on line e impidan más denuncias contra el IPLyC”.

Desde algunos despachos oficiales exigieron a la actual operadora externa de las apuestas que presente las certificaciones que deben obtener el respaldo de organismos internacionales dedicados a esta labor, como también una actualización en el marco del cumplimiento del contrato entre las partes.

Con el paso del tiempo, no se habría cumplido lo solicitado, poniendo al límite la relación comercial. La causa estaría relacionada a un menor interés de la empresa con sede en Buenos Aires, por la actual situación de MisionBet, luego que su actividad se circunscribiera al territorio misionero.

En efecto, por la medida acordada con la Justicia, se produjo una merma de apostadores que, aún así, seguiría siendo importante. Por eso, el Gobierno analiza por estos días reorganizar MisionBet y administrar el portal de manera directa y en cumplimiento de las certificaciones mencionadas.

En los últimos días, un intercambio de cartas documento entre el IPLyC y la empresa que administra el sitio, habría explicitado la casi imposible continuidad en la relación comercial en adelante.

Tags: #IplycMisionbet
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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