El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) aprobó un procedimiento de Regularización de Viviendas Alquiladas de manera ilegal, por el cual se revoca la adjudicación original y se readjudica la vivienda a toda persona y su grupo familiar, que esté en condiciones de demostrar que alquila y habita una vivienda otorgada por el organismo.
La medida se conoció ayer mediante la publicación en el boletín oficial de la provincia de la resolución 205/18 donde también se establece que el procedimiento “se dará inicio por denuncia incoada por la parte interesada que acompañe documentación respaldatoria del arrendamiento por parte del adjudicatario de la vivienda, y tendrá como finalidad la readjudicación de la vivienda en cuestión, siempre y cuando se cumplan con los requisitos básicos de regularización establecidos en las Resoluciones Reglamentarias Registro Iprodha”.
El artículo 3 de la norma instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos “a iniciar las acciones legales correspondientes contra toda persona física o jurídica, que realice actividades lucrativas con viviendas sociales pertenecientes al Iprodha, sea o no el adjudicatario de la misma, quien se verá impedido de acceder a cualquier beneficio que pudiera dar el Instituto”.
Entre los fundamentos de la norma se detalla que “el objetivo principal de este Instituto es la promoción y adjudicación de viviendas sociales, destinadas a familias del sector más vulnerable de la sociedad, que no se encuentran en condiciones de acceder a la vivienda única a través del mercado inmobiliario tradicional”.
“En ese marco tanto el Estado provincial como Nacional, han llevado adelante políticas tendientes a brindar soluciones habitacionales en toda la provincia de Misiones” agrega. “Con el paso del tiempo, el destino dado por los adjudicatarios de dichas soluciones habitacionales no ha sido el tenido en miras, y se han detectado transgresiones a las normas, a través de su utilización como parte de una actividad lucrativa. Ello demuestra que ya no existe la necesidad de habitarla por parte de su adjudicatario, lo que claramente colisiona con los principios básicos de la política habitacional llevada a cabo por la Provincia de Misiones”, se precisa.
Por último, se advierte que “hasta tanto el adjudicatario cancele las cuotas de amortización de las viviendas sociales entregadas a través del Iprodha, las mismas son de propiedad del Instituto, y por lo tanto su arrendamiento, entre particulares, configura una actividad delictiva, en tanto que no se trata de bienes destinados a aumentar el patrimonio y/o herencia de sus adjudicatarios, ya que por el contrario, los mismos persiguen un fin de carácter netamente social y su adjudicación conlleva la obligación de habitar la vivienda de manera real y efectiva”.
En un relevamiento, se ha detectado una importante cantidad de viviendas que son alquiladas y los adjudicatarios originales viven en otros barrios.
