Vendedores ambulantes de la Estación Quaranta se declararon en estado de emergencia laboral ante la negativa de diálogo por parte de la empresa concesionaria Servicios Urbanos SA que opera en el lugar, la cual prohíbe la actividad en el predio.
En ese sentido, se realizó el martes una reunión con la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia Marchesini, para resolver el conflicto. Sin embargo los representantes de la empresa no se presentaron al encuentro y sólo hicieron entrega de una nota argumentando su postura.
Por todo esto, Marchesini resolvió elevar un informe al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante de Posadas para plantear la revisión de la ordenanza de regulación de las ventas en la Estación Quaranta.
Es que desde la administración del predio adujeron que no admiten la venta ambulante porque la terminal “no constituye un espacio público”, por estar emplazada en un inmueble “privado de dominio municipal que fue otorgado en comodato (préstamos de uso) a las empresas que componen el Transporte Integrado Misionero”.
Sostienen que el predio fue construido “exclusivamente para el servicio dentro del Sistema Integrado por lo que no se admiten en su interior el desarrollo de actividades vinculadas al hecho del transporte”.
Asimismo, indicaron que “existen razones de espacios afectados para el ascenso y descenso de pasajeros que requieren circulación, seguridad vial, limpieza e higiene, que no admiten la presencia de vendedores ambulantes”.
“Por ello se reservan el derecho de admisión”, finalizaron.
