El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la modificación del artículo 72 del Código Penal Argentino: a partir de ahora el abuso sexual infantil ya no es un delito de instancia privada en el país, sino de instancia pública, por lo que el Estado está obligado a investigar de oficio.
Cualquier ciudadano puede hacer la denuncia correspondiente si conoce el hecho de que un menor de 18 años es víctima de abuso sexual y el Poder Judicial está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.
La autora del proyecto convertido en ley, la diputada Carla Carrizo, impulsó esta reforma argumentando que la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia, era un obstáculo para que haya justicia. Desde ahora, esta ratificación no será necesaria y esto permitirá “sacar velo de protección que cubría el abuso sexual infantil en Argentina”, según destacó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Miguel Molina.
Gran parte de este “velo” del que habla Molina está relacionado con el hecho que en más del 80% de los casos de abuso el responsable es un familiar varón de la víctima por lo que, era frecuente que cuando el niño se animaba a contar lo que está pasando a un familiar, este decidía no hacer la denuncia. También hay casos en los que el niño confió en un adulto fuera de su entorno familiar, como un docente, pero la denuncia cayó poco después por no era ratificada por un tutor.
Según la diputada Carrizo, solo el 10% de los abusos sexuales infantiles que ocurren en el país son denunciados y apenas el 1% llega a sentencia. El alcance de esta estimación es escalofriante: el 99% de los abusadores de niños en Argentina están libres de culpa y cargo; y muy cerca -en la mayoría de los casos conviviendo en la misma casa- con sus silenciosas víctimas.
“Los abusadores no parecen peligrosos”
“No hay peste en la historia de la humanidad que haya causado tanto daño como el abuso sexual infantil. Es un delito aberrante y, lamentablemente, es más común y extendido que lo que pensamos porque atraviesa a toda la sociedad, no es un problema que se produzca por pobreza o hacinamiento. Además, una de las mayores dificultades que enfrentamos en los casos de abuso sexual infantil es que el 80% de los casos son intrafamiliares, son abusadores los propios progenitores, tíos, abuelos, hermanos o padrastros”, indicó Molina.
Advirtió además que es un delito que se desarrolla en el amparo de la confianza, porque generalmente el abusador es una persona de confianza de la familia y de la víctima, razón por la que a veces se cree que el niño fabula o miente. “El abusador usa la confianza para perpetrar sus delitos, sea familiar de la víctima, enfermero, docente, cura, médico, pastor o cualquier otra persona. En términos psicológicos, los abusadores tienen un perfil que nos hace pensar que es el menos peligroso del grupo”, advirtió.
Realidad “espejo”
Según precisó su director, Hugo Ocampo, sólo en el Hospital Materno Neonatal de Posadas nacen un promedio de 300 bebés anuales de mamás de menos de 15 años.
“Si partimos de este dato -300 nacimientos de mamás menores de 15 años- podemos ver una realidad espejo: esas mamás fueron víctimas de violencia sexual porque la ley argentina es clara al respecto: si son menores de 15, con o sin consentimiento, se considera abuso sexual. Estos datos no son de embarazos adolescentes, no podemos encubrir un delito con este nombre, tenemos que hablar de abuso sexual infantil”, remarcó Molina.
Un cambio sustancial
La determinación del delito sexual infantil como de instancia pública “es una herramienta clave para poder avanzar en la lucha contra esta problemática. Muchas veces, los médicos, docentes u otros funcionarios que intervienen en distintas organizaciones, se veían atados de pie y manos porque hacían las denuncias y después éstas quedaban nulas porque luego no son ratificadas o no pudieron ser convalidadas”, destacó a PRIMERA EDICIÓN el abogado Marcelo Sussini, coordinador del área jurídica de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de la provincia.
Al igual que Molina, el funcionario recordó que en el 80% de los abusos sexuales infantiles en Misiones son intrafamiliares, “y al ser un acontecimiento familiar, teníamos que lograr que la madre ratifique la denuncia y a veces éstas se inclinan en pensar que el niño está inventando historias. Por eso, si no son escuchados en sus casas, los chicos buscan a los docentes para contar lo que les sucede y éstos a su vez sufren una gran frustración cuando la Justicia les rechazaba las presentaciones o las declaraban nulas. El abusador, mientras tanto, seguía libre”. La reforma al Código Penal Argentino “es muy importante y constituye una herramienta fundamental para avanzar en una verdadera protección integral de los niños víctimas de delitos de integridad sexual”.
El proyecto obtuvo media sanción el año pasado y se convirtió en ley esta semana.
