Con el patrocinio legal de la abogada Olga Aguirre, el Partido Obrero de Misiones realizó una presentación en el Juzgado Civil Nº5 para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 858/2018 y deje sin efecto la aplicación del último aumento en las tarifas del boleto único de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Posadas.
Se describió en el escrito que “de acuerdo a los hechos y la información de público conocimiento, difundida por el municipio, a partir del 1º de octubre se dispuso un aumento del 25% para el caso del boleto con tarjeta SUBE y del 62% para el boleto sin la tarjeta, a percibir por las empresas que componen el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano”, llevando el boleto único con SUBE de 12 a 15 pesos y sin SUBE de 13 a 21”.
En el año, según los cálculos, se totaliza un incremento de 76% con tarjeta y 75% sin la misma.
Cabe preguntarse, indica el documento, si esta evolución del precio se corresponde con mayores costos o con la inflación registrada en este período, pero también se aclaró que respecto de los costos “los usuarios del transporte público no tenemos acceso a más información que aquella que las empresas presentan en cada audiencia pública de manera verbal”.
Si se considera la variable de la inflación: el índice proyectado para el año en curso es del 45%, por lo tanto, “existe un promedio de 30% de aumento del boleto urbano de Posadas por encima de la evolución de la tasa de inflación”, aseguraron para concluir que no se puede hablar entonces de reajuste ya que el aumento excede largamente la inflación estimada. “Se evidencia, por lo tanto, que no son los mayores costos relacionados con la inflación los que condujeron al Gobierno de la ciudad de Posadas a aumentar el boleto de pasajeros ¿Cuál ha sido la razón entonces?”, se preguntan nuevamente.
La presentación agregó: “Si tomamos en cuenta la economía actual de la familia posadeña tenemos que considerar cuáles han sido los porcentajes de aumento en los salarios de los trabajadores en nuestra ciudad, y ahí vemos que de acuerdo a la paritaria entre el municipio y el gremio que los nuclea se contempla un 15% de aumento; si consideramos el acuerdo paritario de la provincia vemos un 15,5% más un 4,5%. Y si tenemos en cuenta al sector privado, en el caso de los empleados de comercio, estamos hablando de un acuerdo paritario de 15% para el año en curso”.
“Teniendo en cuenta estos tres factores, estamos frente a un 18,16% de aumento promedio en los salarios de los trabajadores comprendidos. Es notorio, Vuestra Señoría, que lejos del mentado equilibrio en la economía familiar, al que se hace referencia en los considerandos del decreto, el aumento del boleto urbano genera un enorme desequilibrio ya que en términos porcentuales excede por mucho el aumento en los ingresos de las familias trabajadoras”, se precisó.
También se expresó que, como resultado de la Audiencia Pública llevada adelante, los ciudadanos coincidieron en su amplia mayoría en el reclamo de mejoramiento de circulación y optimización de la prestación del servicio. “Entonces cabe preguntarse otra vez ¿qué inversión y mantenimiento de la calidad se quiere apuntalar con los sucesivos aumentos en la tarifa del boleto urbano? porque los reclamos en cuanto a frecuencia y recorrido son reiterados por las y los usuarios en cada una de las audiencias públicas”, aseguraron.
Análisis de la tarifa
Al precio de hoy vigente, en virtud del último aumento, hay que adicionarle $17 que reciben las empresas en concepto de subsidios nacionales, con lo cual el precio final del boleto urbano con SUBE es de $32 y sin ella es de $38.
Si se tienen en cuenta los antecedentes, este fue el tercer incremento en lo que va del año. “Entonces, en lo que va de 2018, el boleto urbano en Posadas tuvo un 76% de aumento con la tarjeta y 75 sin ella”, advirtieron en la presentación ante el Juzgado.
Además, el artículo 5 del decreto establece que, con el objetivo de transparentar la cantidad de usuarios del transporte público, se penalizará la no utilización de la tarjeta SUBE con un recargo del 40% de la tarifa.
“Se observa que el artículo establece un carácter sancionatorio y precio diferenciado del boleto adquirido sin la tarjeta, una especie de multa encubierta, con el agravante de que la misma es íntegramente capturada por las empresas concesionarias del servicio ya que los importes de la penalidad no ingresan al fisco”, fundamentaron el amparo.
“El aumento que aquí venimos a impugnar refuerza sustancialmente el carácter violatorio, aquí entonces el primer planteo para que Vuestra Señoría declaré la inaplicabilidad e ilegalidad de la acción establecida por el Estado municipal en beneficio exclusivo de las empresas”, agregó la presentación.
Que se abran libros contables
Desde el PO plantearon: “Cabe preguntarse si se analizarán los libros contables de las empresas, porque no existe posibilidad alguna de determinar la pertinencia de aumento o disminución de la tarifa sino sobre la base de conocer fehacientemente los números consignados en referidos libros. Todo lo demás es complementario, entonces solicito en este acto que se ordene la apertura y puesta a disposición de los libros de registros contables de las concesionarias del servicio de transporte público”.
Inconstitucionalidad
Por otra parte, el partido Obrero advirtió que el “boletazo” debería “declararse inconstitucional porque viola las siguientes garantías: de igualdad ante la ley (por la diferencia de precio del boleto con y sin tarjeta); el derecho a transitar, que se ha vuelto privativo para muchas familias por el alto costo del boleto; el derecho a la información para saber lo que se está pagando y la desconocida fórmula polinómica; y el derecho a protección de intereses económicos de los usuarios”.
Por todo esto se solicitó desde el Partido Obrero la medida cautelar “de manera inmediata”, la inconstitucionalidad y la marcha atrás del boletazo.
