La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida ayer, acusada de recibir dinero de la compañía brasileña Odebrecht, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
La hija mayor de Fujimori (1990-2000) quedó detenida por un periodo máximo de diez días tras declarar ante la Fiscalía, señaló su abogada Giuliana Loza, quien calificó de “atropello y abuso” la decisión judicial.
“Hoy me han detenido sin fundamentos jurídicos en el momento en que voluntariamente me presentaba ante la fiscalía”, tuiteó Keiko Fujimori en su primera reacción desde su detención, donde calificó de “persecución política” lo ocurrido.
“La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país”, agregó. “Esto se llama persecución política”, acotó tras recordar que la justicia la investiga desde hace 18 años, cuando su padre dejó la presidencia.
La “medida es dictada por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011”, tuiteó el Poder Judicial en su cuenta de la red social twitter.
“Ella (Keiko) se ha puesto a disposición de la fiscalía”, agregó la abogada tras señalar que la medida ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho, les tomó por sorpresa. La líder opositora quedó detenida en la Prefectura de Lima.
Además de la conductora del partido Fuerza Popular (derecha populista, principal fuerza opositora que controla el Congreso peruano), otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya -ambos muy cercanos a los Fujimori- están investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko en 2011.
“Mi esposa Keiko es fuerte y va a salir de esto más fuerte que nunca”, dijo su marido Mark Vito Villanella, quien la acompañó a declarar.
La vocera de Fuerza Popular y congresista Alejandra Aramayo lamentó en diálogo con la radio RPP “que la justicia siga politizada, más aún cuando (Keiko) estaba concurriendo a una diligencia por el caso de los cócteles destinados a recolectar dinero para su campaña a la presidencia”.
El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko liderar una “organización criminal” al interior de su partido, por recibir aportes ilícitos.
