Una comerciante eldoradense, de 45 años, figura como la presunta líder de la red nacional de contrabando que tenía fuerte presencia en Misiones y por la que la semana pasada fueron detenidos tres aduaneros que cumplían funciones en el paso internacional de Puerto Iguazú.
Así lo especificó ayer el portal digital “Infobae”, horas después de la presentación formal realizada por la Policía Federal Argentina en Buenos Aires en la tarde del último miércoles, sobre una investigación que trascendió el martes 2 de octubre, tal como PRIMERA EDICIÓN informó en su momento.
La sospechosa -una de las seis personas detenidas en Misiones sobre un total de 21 aprehendidos en la pesquisa- fue señalada por ese medio, además, como pareja de un efectivo de Gendarmería Nacional. Incluso se informó que uno de sus hijos también forma parte de la organización, que contaba con un capital de alrededor de 85 millones de pesos.
En el informe publicado ayer por el mencionado portal, también se hizo referencia a que la misionera poseía un local en Eldorado donde al parecer se almacenaban los teléfonos celulares de última generación y las consolas de videojuegos que los “paseros” y transportistas traían desde Ciudad del Este a través del puente Tancredo Neves, que une Foz (Brasil) con Puerto Iguazú.
Tal como anticipó PRIMERA EDICIÓN, la sospecha es que allí los contrabandistas articulaban con los tres aduaneros detenidos el paso de la mercadería sin mayores problemas, es decir, sin control a los vehículos que la organización “marcaba” previamente a través de mensajería instantánea.
Se presume que desde Puerto Iguazú hacia Eldorado la mercadería era transportada mayormente en vehículos livianos. Al respecto, trascendió que otro de los seis detenidos en Misiones es un remisero, también de Eldorado.
El circuito continuaba luego a través de camiones e incluso colectivos de larga distancia, cuyos choferes formaban parte de la red, con destino final a Rosario y localidades del norte de Buenos Aires. En ese sentido, trascendió que justamente la investigación se inició en febrero de 2017 en Zárate, cuando los uniformados secuestraron una decena de teléfonos celulares de contrabando en la cabina de un colectivo de larga distancia que había partido de Iguazú con destino a Retiro.
Desde entonces tomó intervención el magistrado Adrián González Charvay, al frente del Juzgado Federal de Campana. La sigilosa investigación explotó finalmente el martes 2 de octubre, cuando efectivos de PFA llegados desde Buenos Aires allanaron la Aduana de Puerto Iguazú y detuvieron a los tres aduaneros.
En total, hubo 32 allanamientos en Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, en los cuales se produjeron 21 detenciones. También se secuestraron 18 vehículos -entre automóviles y camionetas-, cinco motos, 1.002 celulares, cinco máquinas de contar dinero, 22 consolas de PlayStation, tres armas de fuego, 128 proyectiles, 16.600 fundas para celular, 2.066 vidrios templados, 300 cargadores, 322 pantallas táctiles, 916.745 pesos, 112.426 dólares -algo así como 4 millones de pesos al valor de cambio- 13.141 reales, 400 mil guaraníes y 800 euros. Detrás de toda esa estructura estaba ni más ni menos que la mujer eldoradense detenida.
