Hace poco más de dos años un grupo de cinco vecinos secuestró, golpeó y amenazó con colgar a un joven al que acusaban de haberse robado un buey. La seguidilla de hechos comenzó en colonia Siete Estrellas, a 15 kilómetros de San Pedro, y prosiguió por otras chacras de la región.
Por esos hechos el próximo martes 23 de octubre deberán comparecer en el juicio oral y público que llevará adelante el Tribunal Penal 1 de Oberá. Los acusados son vecinos de la zona, quienes emboscaron y trasladaron a la víctima bajo amenazas a un lugar alejado para simular una ejecución y hacerlo “cantar” para saber el paradero del animal.
Los hechos comenzaron alrededor de las 13.50 del miércoles 21 de septiembre de 2016. Un joven agricultor de 26 años se desplazaba en su motocicleta por la ruta provincial 27 y, antes de llegar a la rotonda de acceso a Siete Estrellas, fue interceptado por dos hombres que circulaban en una Ford Ranger roja. Como los conocía detuvo la marcha, pero al ver los rostros adustos del dúo entendió que no lo habían parado solamente para conversar.
Según su posterior relato en sede policial, uno se llamaba “Koki” y el otro era un conocido docente de Ciencias Agrarias que enseñaba en una escuela cercana. Los dos se le acercaron con armas en mano y lo obligaron a subir a la camioneta. Cargaron la moto en la cajuela y se dirigieron hacia una chacra de Colonia Primavera, que aparentemente era propiedad del docente.
Atemorizado, sin saber que era lo que le iban a hacer, el joven pensó que se iban a quedar allí, pero en realidad fueron hasta el lugar para pasar a buscar a otros tres sujetos. Partieron hacia otra chacra en cercanías de Yabotí. En el camino, de forma insistente, reiteraban: “¿donde está el buey que nos robaste? ¿A quién se lo vendiste?”.
La víctima siempre se mantuvo en sus palabras: “no sé de qué buey me hablan, yo no sé nada”. Pero esa respuesta enfureció a los captores, quienes lo agredieron con golpes de puño. Cuando llegaron al lugar indicado, allí esperaban otros dos hombres a los que también reconoció como padre e hijo.
Hasta ahí se había cumplido solo la primera parte del siniestro plan de los sujetos para saber del paradero del animal. Bajaron a la víctima, lo llevaron al lado de un árbol del cual colgaba una soga. Lo hicieron parar arriba de un bidón y atado de manos le pasaron la piola por el cuello.
Amenazaron con ajusticiarlo si no revelaba dónde estaba el buey robado. Como no había respuestas, subieron la apuesta para aumentar el terror en el joven. Mientras lo increpaban para que revele qué hizo con el buey, dispararon al bidón donde apenas hacía equilibrio. Llegaron a rociarlo con combustible y amagaron con prenderle fuego para que diga de una vez “dónde estaba ese maldito buey”.
Después de varios minutos, terminaron desatándolo y lo llevaron de vuelta a Colonia Primavera. Allí lo liberaron, pero antes de que se subiera a la moto, le aseguraron y repitieron: “si contás algo de esto te vamos a matar”. El joven no hizo caso a las amenazas y se dirigió a la comisaría Primera de San Pedro a radicar una denuncia.
Una hora después los efectivos dieron con el primer sospechoso. Se trataba de un hombre de 52 años sindicado como el docente que formó parte de los hechos. En su chacra se secuestró la Ford Ranger descripta por la víctima. Además, dentro del vehículo los policías incautaron una pistola calibre 9 mm Smith & Weson, con cargador y nueve municiones, dos con punta encamisada y siete teflonadas, un cartucho del tipo anti-tumulto, dos puñales, un machete y una soga. Todos los elementos fueron considerados de relevancia para la causa que se investigaba. Seguidamente los efectivos se trasladaron a la chacra de Colonia Yabotí, donde hallaron perdigones y un bidón con orificios presumiblemente de bala. Semanas después fueron detenidos los otro cuatro sospechosos.
Tomó intervención el Juzgado de Instrucción 1 de San Vicente, a cargo del doctor Gerardo Casco. Finalizada la etapa de investigación, el magistrado elevó la causa a juicio por los delitos de “lesiones leves, privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravada por el uso de armas y portación ilegal de armas”.
La pena mínima a la que se enfrentarán los acusados parte de los 5 años de prisión y podría llegar a 25, solamente por el delito de secuestro.
