Pese al tiempo que pasó, la investigación sigue viva. Y en las últimas horas sumó un paso que puede resultar fundamental.
Un equipo especializado en investigaciones complejas de la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación intervendrá en la pesquisa por las muertes de los gendarmes Carlos Fabián Antúnez (26) y Diego Javier Aranda (22), registradas bajo confusas circunstancias hace más de 17 años bajo el puente internacional que une Posadas con Encarnación.
La resolución fue adoptada por el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, quien meses atrás se abocó a la investigación.
Tras un detallado análisis de los casi veinte cuerpos -cerca de 4 mil fojas- con los que consta el expediente, el juez consideró primordial la participación de los especialistas para echar luz sobre las múltiples contradicciones que constan en la pesquisa.
Fuentes del caso le contaron a PRIMERA EDICIÓN que, al respecto, Guerrero consideró en su resolución como insuperables las serias contradicciones que figuran, por ejemplo, entre los cinco informes médicos destinados a conocer las causas de muerte de Antúnez y Aranda.
En ese sentido, trascendió que mientras para la médica policial que atendió el caso en aquella madrugada del miércoles 19 de septiembre de 2001 los gendarmes murieron ahogados -posición a la que más tarde se sumaría un perito de parte- para los necrólogos del Cuerpo Médico Forense provincial el deceso no se produjo por penetración de agua en los pulmones.
A esa hipótesis, que hablaría de un doble homicidio doloso, se sumó más adelante un segundo perito de parte, quien entendió que Antúnez y Aranda fueron víctimas de un acto criminal provocado por terceros.
Como corolario de las contradicciones que presenta el caso, se sumó por último el informe de los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes años atrás apuntaron a dos muertes violentas, pero aclararon que no encontraron la intervención de terceros.
Guerrero prestó sumo interés en ambas posturas y por ello solicitó un análisis pormenorizado de esos cinco informes médicos por parte de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema, conformada en 2017 y que cuenta con los mejores especialistas del país.
El objetivo final del magistrado misionero es, después de 17 años de misterio, encontrar algo de luz en lo que respecta a la causa de ambas muertes, pero también en lo que tiene que ver con la mecánica de los hechos, las hipótesis que puedan surgir en ese sentido y la posibilidad de identificar a presuntos responsables, en caso de que se trate de un hecho criminoso.
Antúnez y Aranda cubrían la seguridad en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz cuando alrededor de las 22 del martes 18 de septiembre de 2001 abandonaron su lugar y bajaron a la parte inferior del viaducto, en la cabecera argentina.
Eso fue lo último que se supo de ellos, hasta que cerca de las 4.30 del día siguiente la propia Gendarmería llamó a la Policía provincial para informar primero sobre la desaparición de ambos y sobre el hallazgo de los cuerpos, en el río Paraná.
La teoría oficial de las autoridades siempre fue la de un accidente cuando ambos perseguían a contrabandistas. Sin embargo, la lucha de las familias y nuevas pericias pusieron en duda esa versión y agregaron la teoría de que pudo haberse tratado de un doble crimen ligado a las mafias de frontera.
Pese a que pasaron 17 años y la causa pasó por cuatro jueces distintos, el misterio se mantiene. El objetivo ahora es que el grupo especializado pueda aportar certezas ante tantos interrogantes.
