Una maratónica labor fue la que finalizaron efectivos federales y personal del Juzgado Federal de Eldorado. Después de interminables doce días, acabó ayer el arqueo total de la mercadería depositada en el predio de la Prefectura Iguazú, tras la investigación por la desaparición de más de cuatro millones de pesos en productos que dejó a cuatro prefecturianos imputados.
El trabajo, seguido de cerca por el juez Miguel Ángel Guerrero, permitió hasta el momento establecer el total de lo incautado en la sede. Lo que resta ahora es todavía más difícil: se trata de la pericia de cotejo entre lo que dicen las actas secuestradas y lo que falta.
Tal como PRIMERA EDICIÓN informó el último sábado, los dos prefectos -eran jefes hasta que estalló el escándalo- el oficial y el ayudante fueron excarcelados bajo una caución de 200 mil pesos para cada uno de ellos.
Los cuatro están imputados por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, peculado y asociación ilícita”, por lo que en el futuro podría recibir hasta 20 años de cárcel en caso de ser hallados culpables.
La investigación se conoció el jueves 13 de septiembre, cuando la PSA allanó la Prefectura Iguazú en el marco de una pesquisa que apunta a la desaparición de más 4 millones de pesos en mercadería incautada.
Se sospecha de una organización utilizada para el robo del lugar y la venta en el mercado negro.
